Violencia y criminalidad en el estado
Miguel Ángel Granados Chapa/REFORMA
Ante la osadía de bandas criminales capaces de asesinar a 49 personas en sólo dos días y, lo más grave, dispersar sus cuerpos en la vía pública de la conurbación Veracruz-Boca del Río, la única reacción gubernamental admisible era una inmediata operación ministerial y policiaca que contenga esa porción de la delincuencia y le evite cometer más delitos. Pero el neófito gobernador de Veracruz, en vez de cumplir su deber, se limitó a transmitir en Twitter recados escandalosos por su carácter elemental. Casi felicitó a los autores del desafío y casi culpó a las víctimas, porque habían escogido el camino del mal, que sólo tiene dos salidas, la muerte o la prisión. Y para colmo, negó que además de los 35 cuerpos inicialmente exhibidos haya habido 14 más al día siguiente.
Por lo pronto, los criminales que mostraron su capacidad homicida siguen recorriendo la misma senda sin que se aproximen a ninguno de los dos extremos a que se limita la prédica de Javier Duarte de Ochoa. Y es que la averiguación ministerial se contentó con identificar a las víctimas y comprobar su pertenencia a bandas delincuenciales. Tan satisfecho estaba el gobernador que el primer día, cuando «sólo» habían aparecido 35 cuerpos los citó como muestra de que en su estado se combate a la delincuencia. A menos que haya tenido un traspié y las víctimas, de aquella tanda y probablemente la segunda también, fueron ultimados por la fuerza pública (único modo en que puede comprenderse el que esa matanza sea considerada como eficaz medida de seguridad), Duarte de Ochoa no parece tener idea de lo que ocurre en su entorno. De allí el desmentido que emitió el viernes, negando que a la suma inicial se hubieran agregado nuevas muertes. No fueron, ciertamente, conducidos a un lugar muy visible, sino que se les dejó en varios puntos del puerto. Pero su muerte y el hallazgo de los cadáveres eran, el viernes después del desmentido, una realidad inequívoca.
Duarte de Ochoa es un político neófito, escogido por su único jefe, Fidel Herrera, sólo para tener cubiertas las espaldas. El actual gobernador, que el lunes pasado cumplió apenas 38 años, carece de experiencia y de tacto político. Después de obtener sus títulos académicos, como economista y abogado, sólo tuvo desempeños subalternos con Herrera: fue su secretario particular la última vez en que éste fue diputado, en la LVII Legislatura, de 1997 a 2000. Años más tarde, ya gobernador, Herrera lo hizo subsecretario de Finanzas y luego titular de esa Secretaría. En ninguno de los dos cargos perseveró, pues el gobernador lo condujo a la Cámara de Diputados, donde apenas cubrió un periodo ordinario ya que fue lanzado a la gubernatura. Contó durante su campaña con auxilios financieros ostensibles del gobernador, que con tal de asegurar el triunfo de su partido no vaciló en dejar en la penuria las finanzas estatales, afectadas por déficit voluminosos que se cubrieron, como en otras entidades regidas por gobernadores manirrotos, acudiendo al crédito bancario y a la bursatilización de las participaciones federales, lo que equivale a hipotecar el tesoro público estatal.
Herrera heredó a su pupilo no sólo esa devastada economía gubernamental, sino también una creciente inseguridad. Veracruz ha padecido épocas de acusada criminalidad, ejercida por bandas a cuyos jefes las autoridades temían y con las que entraban en connivencia. En un juego verbal que alude al conocido conjunto cubano de música tropical, circuló impunemente durante años la Sonora matancera. Los cacicazgos reinantes en distintas porciones de la entidad basaron su poder en el uso de la horca y el cuchillo, es decir en la supresión de la vida de quienes se oponían a ese imperio de la ilegalidad.
Pero la conversión de México en mercado de drogas, la posición geográfica de la entidad en la ruta de Centroamérica a Estados Unidos, y la fragilidad de las instituciones así como la corrupción de no pocos funcionarios permitieron que en Veracruz todo abuso y todo crimen fuera posible. En la tortuosa ruta de los migrantes, algunos lugares veracruzanos se convirtieron en parajes infernales. Si algo caracterizó al gobierno de Herrera fue la penetración de la delincuencia. El propio gobernador fue señalado como partícipe de acuerdos por los cuales Los Zetas se asentaron en su territorio, a través de una suerte de sucursal local conocida como La Compañía.
Los 35 cuerpos del primer día mostraron la crueldad extrema de sus asesinos. No fueron muertos a balazos sino asfixiados y tundidos con brutalidad. Firmó el mensaje adosado al crimen colectivo el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Ya en agosto de 2007, a la mitad del sexenio de Herrera, ese grupo se había manifestado, con mensajes que, como La Familia Michoacana un año atrás, buscaban presentarse como limpiadores de la sociedad, es decir como asesinos de delincuentes. Por supuesto, no era una acrisolada conciencia ética la que conducía a sus líderes y miembros a practicar operaciones de limpieza social. Son tan criminales como sus víctimas, pero quizá produjeron en el gobierno estatal la perversa ilusión de que alguien hiciera el trabajo que con apego a la ley están las autoridades obligadas a desempeñar.
De varias maneras, Herrera sigue gobernando. El procurador Reynaldo Escobar era el secretario de Gobierno en el sexenio anterior. Fue, en su nuevo carácter, uno de los anfitriones del encuentro de procuradores y presidentes de tribunales, testigos accidentales de la violencia veracruzana.
Cajón de sastre
La señora Rocío Velázquez atestiguó la aprehensión de su hijo de 15 años, en Veracruz. No pudo impedirla pero identificó a los captores como agentes de la policía estatal que usaban la patrulla 717. En busca de su hijo descubrió que es uno de los 35 muertos del primer día en infernal ronda vivida por ese puerto la semana pasada. O sea que si la autoridad lo detuvo, es probable que esa misma autoridad lo haya privado de la vida. Y entonces no será un traspié lo dicho por el gobernador, como con torpeza digo líneas arriba, sino que la matanza es el modo en que se garantiza la seguridad pública en esa entidad. Y de eso se ufanaba el gobernador, cuya policía debe dar cuenta de cada uno de los asesinatos, en especial del muchacho inocente sacrificado.
Editorial
