Por Andrés Timoteo/Texto Irreverente
Alguien se animó a ponerle el cascabel a la gata. La periodista cordobesa Virginia Durán Campollo presentará una denuncia penal contra la errática exvocera del gobierno estatal, María Gina Domínguez Colío por un fraude derivado del incumplimiento de un contrato publicitario y cuyo monto asciende, a la fecha, a 5 millones de pesos. De esta querella también se podría desprender una responsabilidad por enriquecimiento súbito e ilícito sobre la señora Domínguez, quien ayer vestía faldillas de terlenka y hoy es una prospera empresaria que usa prendas de diseñador.
El abogado de la denunciante es el alemanista Tomás Mundo Arriasa quien ayer anticipó que pedirán que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga parte de la pesquisa que se abrirá en esta semana pues no hay confianza en el fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, quien seguramente buscará dar impunidad a la exvocera duartista y hoy todavía presidenta de la Fundación Colosio en la entidad.
La denuncia penal sería la punta de la madeja para seguir el curso del dinero que debió ocuparse en asuntos de publicidad oficial en la Coordinación de Comunicación Social, pero que bajo la gestión de Domínguez Colío fue a parar a negocios personales. Es un secreto a voces, por ejemplo, que se usaron facturas alteradas o falsas de prestadores de servicios para cobrar dinero que nunca fueron entregados a los titulares fiscales. También es evidente que la señora se convirtió en una magnate de los medios informativos presuntamente con dinero público.
La exfuncionaria se hizo dueña de un consorcio mediático que incluye radiodifusoras, dos periódicos –que ya dejaron de circular y varios portales informativos en la web. La mayoría de ellos a nombre de terceros, es decir de prestanombres. Dichos espacios mediáticos no fueron creados para informar sino para hacer negocio con el gobierno estatal por medio de la facturación de grandes cantidades de dinero y ofrecer a cambio la difusión de gacetillas y boletines, además de conducir campañas ‘de lodo’ contra los enemigos del duartismo.
Todos esos medios desaparecerán con el nuevo gobierno estatal porque no tendrán contratos publicitarios y al carecer de credibilidad y por ende de lectores, radioescuchas o internautas consultantes están condenados a la extinción. No obstante, eso es tan solo una parte de la fortuna que la señora Domínguez hizo en su estadía al frente de la Coordinación General de Comunicación Social donde llegó a tener tanto poder que fue apodada la “Vicegobernadora” y su oficina era, después de la de Javier Duarte, la segunda en importancia en el organigrama estatal.
La señora también se habría hecho de otros bienes: residencias, edificios, restaurantes, vehículos e inversiones en varias sociedades. La leyenda negra cuenta que uno de sus socios es nada más y nada menos que el inefable, Gabriel Deantes Ramos, quien también es su compadre. La sociedad en negocios al amparo del poder se selló entre Deantes y Domínguez – la doble D- con un nexo bendecido con el sacramento del bautismo de uno de sus hijos. También hay quienes la relacionan con el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita en el negocio de la hotelería y restaurantes.
Entonces, la denuncia de la periodista Durán Campollo podría ser la pauta para investigar el peculio personal de esta exfuncionaria quien también carga con el estigma de haber sido una de las más feroces agresoras de la comunidad reporteril, responsable de castigos y despidos a decenas de periodistas, y que también gozó con la criminalización de los compañeros asesinados, sin importar que con algunos de ellos hubiera mantenido una relación amistosa.
Gina Domínguez pisoteó y enlodó la memoria de los periodistas muertos. Se burló de ellos, los difamó en sus comunicados de prensa. Impúdica, contaba chascarrillos sobre sus tragedias y literalmente hizo fiesta sobre sus tumbas. Pero no escarmienta ni se cansa de usar sus medios y sus empleados para atacar a los reporteros. Recientemente el corresponsal de la revista Proceso, Noé Zavaleta, denunció una campaña para intentar ligarlo con algún cartel del crimen organizado y mencionó entre sus atacantes a Laura Valencia, empleada y mano derecha de Domínguez Colío.
Valencia es una especie de secretaria de cabecera de la exvocera y a ella la puso a hacer el trabajo sucio de atacar y difamar al reportero Zavaleta. Pero no es el único caso de este tipo de operación del consorcio mediático de Gina Domínguez. La prensa en la zona centro de la entidad difundió el caso del exdelegado de Transito del Estado en Fortín de las Flores, Rodolfo García Trujeque, quien fue amenazado por el empresario Christian Betancourt, propietario de Grúas ABB que dan servicios de arrastre de vehículos sancionados por los agentes viales.
En un audio, Betancourt le dice al funcionario que será ‘golpeado’ en un periódico digital del que, presume, es socio y que tiene 3 millones de lectores además de una revista que se edita en Jalapa. Los ataques en esa agencia son en represalia porque no ocupa sus grúas frecuentemente y prefiere otorgarle el arrastre a otro competidos. También amenaza con ‘golpear’ a la Dirección General de Tránsito del estado.
(https://soundcloud.com/emilio-vazro/socio-de-gruas-abb-amenaza-a-garcia-trujeque-se-dice-dueno-de-medio)
Pues bien, dicho periódico digital también está ligado a Domínguez Colío, lo que corroboraría que estas agencias se usan para atacar y forzar a las dependencias estatales a facilitar los negocios con sus allegados. También desde hace meses algunos funcionarios estatales se quejan de que están siendo extorsionados por personeros de Gina Domínguez, quienes les exigen dinero o prebendas a cambio de no ser exhibidos.
La ahora empresaria mediática habría extraído de las oficinas estatales documentación comprometedora de ellos que hoy usa para extorsionarlos desde sus tribunas virtuales. Vaya que es voraz esta errática mujer, ahora vestida nuevamente de “periodista”, aunque ese es un traje que se lo quita y se lo pone conforme a sus intereses.
Envoyé depuis Paris, France
Editorial
