Por Abel Barajas/Reforma
Cd. de México, México (27 septiembre 2018).- Aunque el ex Gobernador priista Javier Duarte desfalcó, desvió y lavó más de 75 mil millones de pesos del erario de Veracruz, podrá salir de la cárcel en 3 años, además de pagar una multa de 58 mil 890 pesos.
Duarte deberá entregar sólo 21 terrenos y 20 propiedades -de las 90 que posee en total- porque son las que las autoridades lograron comprobar que fueron compradas por él y sus prestanombres.
El ex Gobernador negoció para declararse culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa con lo que logró que le decretaran la pena mínima.
A pesar del millonario desfalcó al erario veracruzano, la PGR sólo logró acreditar el desvió de mil 650 millones de pesos, de los cuales unos 740 millones fueron directamente para comprar los 21 terrenos en Campeche, 4 departamentos en Ixtapa y 9 inmuebles en la CDMX, incluidos 3 departamentos en Bosques de Santa Fe, un edificio en Lomas de Chapultepec y 2 departamentos en Polanco.
Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, condenó a Duarte a una pena de 9 años de prisión.
Además amonestó al ex Gobernador para que no vuelva a incurrir en un delito y ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo en que permanezca en prisión.
La PGR no reclamó la reparación del daño en virtud de que los delitos imputados no lo tienen previsto.
Durante una audiencia de cinco horas de duración, el juez inquirió a Duarte si aceptaba su plena responsabilidad en los ilícitos.
-«¿Admite usted su responsabilidad en los delitos que le imputan?», preguntó el juez.
«En base a los principios de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta, sí, su señoría», respondió Duarte.
De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, Duarte podrá solicitar su libertad bajo supervisión cuando cumpla la mitad de sus nueve años de condena.
Ese tiempo incluye el año y 5 meses que lleva preso, por lo que estará en posibilidad de pedir ese beneficio dentro de tres años y un mes. La decisión de concederlo tocará a un juez federal.
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