*Fotografía Mural de la justicia de Teodoro Cano
Por Ramón Rodríguez Rangel
En Veracruz, como ha ocurrido en otras etapas de la historia de México, se está viviendo una etapa de profundas transformaciones que se tienen que dar, porque la idea de preservar viejas prácticas y conductas por mantener un estatus quo, llevarían a la destrucción total del estado de derecho y al resurgimiento de la barbarie.
El estado es la institucionalización de la sociedad civil y tiene que responder a las demandas de mayor justicia, de restar y no sumarle fortalezas a los intereses que desde las tinieblas buscan nutrirse del fracaso del estado de derecho, para en medio de la barbarie, erigirse como los salvadores de la nación.
No es el gobierno de Veracruz, el objetivo lo es el control neurálgico del país, a través de verdaderas mafias de poder que permean el espectro político y buscan romper las últimas barricadas de justicia para adueñarse oficialmente del poder en México.
La delincuencia organizada asociada a intereses políticos ha buscado restablecer en Veracruz un escenario del pasado, en una versión actualizada en donde reinen la violencia y la impunidad, donde no exista ningún respeto por las garantías ni por los derechos individuales, estructurándose en un sistema económico, donde destaca la acumulación ilegal de riqueza por parte de esa mafia política-delincuencial.
Es a esa realidad a la que el Veracruz gobernado por Cuitláhuac García se ha tenido que enfrentar para no ser cómplice silencioso del asalto a las instituciones en el estado, la proliferación de la barbarie y el ocaso de la legalidad y la estabilidad social que se respira todavía a diferencia de otras entidades.
La legislación en materia de procuración de justicia tiene que irse perfeccionando, corrigiendo si es necesario, porque no puede haber leyes absolutas e irreformables, porque son dictadas por seres humanos todos falibles, en esa dirección el respeto y garantía de los derechos humanos tiene que ser siempre una premisa, el gobernante veracruzano ha aceptado revisar y proponer adecuaciones a cualquier ley que no vaya con la jurisprudencia y en concordancia con el respeto a las garantías individuales y derechos humanos en Veracruz.
En lo que no claudica, es en entregar Veracruz a las mafias de poder delincuencial, que sueñan con recuperar a Veracruz como el paraíso que fue de la delincuencia organizada en sexenios anteriores.
Incrustados en liderazgos políticos, sus personeros le apuestan a la cancelación de la Cuarta Transformación, que más allá de su concepción ideológica, es una necesidad apremiante, transformar verdaderos sistemas de injusticia y dominación, por un estado democrático de derecho, que para empezar en la procuración e impartición de justicia encuentre su legitimación sin claroscuros ,donde la impunidad que manda un mensaje pernicioso de que la función criminal o la corrupción puede continuar, termine.
El país tiene los ojos puestos en Veracruz, porque es en esta entidad donde hay un gobernador más comprometido con esa transformación, y por lo mismo, han buscado hasta destituirlo para colocar a alguien más afín a los propósitos que traman desde la penumbra.
Veracruz no puede retroceder, debe seguir avanzando con la participación de todas las corrientes políticas y de pensamiento hacia nuevos estadios de vida más justos e igualitarios, donde la política deje de ser un show mediático, una banalidad, y sea un instrumento real de transformación social, donde la justicia alcance una dimensión ético-racional más avanzada.
Ese estado en construcción, es el que quieren demoler en Veracruz, los que en nombre de la democracia, lo combaten.
Es muy importante la participación política de todas las organizaciones partidistas, fortalecen al hacerlo el proceso dialéctico que debe generar un país más igualitario, donde no solo en la letra en los hechos se puedan alcanzar mayores niveles de libertad.
En esa dirección es la transformación que se estaría empezado a dar en Veracruz con el régimen actual y que no le parece a quienes quieren ver en ruinas un estado que se podrá convertir prontamente en una potencia económica nacional, concretando el ejecutivo estatal los proyectos de desarrollo regional que ha esbozado,
Cuitláhuac García ha tenido la gran responsabilidad y el reto de gobernar un estado que había permanecido con un gran rezago en su desarrollo, gobernar es dirigir y dirigir lo dice la RAL es «enderezar», llevar rectamente una cosa hacia un término, no desviarse por caminos torcidos como lo han pretendido los que quieren dominar Veracruz para dominar el país.
Lo dijo la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, en su comparecencia en el Congreso Estatal “El reclamo social por hacer valer la ley es latente y obliga al Estado a dar respuesta con la contundencia necesaria para hacer que la justicia sea también factor de estabilidad y desarrollo para la restauración de una vida pública en paz”.
La Fiscal general afirmó que se realizaron más de 10 mil capacitaciones a funcionarios que deben procurar justicia, que también se incrementó la capacidad operativa del centro de evaluación y control de confianza para los mismos.
Hay la voluntad de la Fiscal General por cumplir cabalmente la gran responsabilidad de su función pública, el proceso de transformación, profesionalización y dignificación de esta institución avanza, faltan muchos escollos por remover todavía, que han persistido de un sistema de corrupción y complicidades que viene de antaño, pero Verónica Hernández Giadáns tiene clara su misión para a través de la eficiencia, legalidad e imparcialidad, garantizar el estado de derecho mediante la investigación y persecución de los delitos del orden común, así lo aseguro en su comparecencia legislativa.
Genaro Ibáñez Martínez, Diputado presidente de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia del Congreso del Estado, resaltó la coordinación de la fiscalía estatal con instancias de investigación y justicia federales, lo que consideró ya está empezando a dar resultado y se tendrá que aplicar esa sinergia en todas las regiones de Veracruz, porque remarcó que en este estado la justicia no está en venta ni se debe politizar, se debe procurar y aplicar de manera pronta y expedita.
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