Por Andrés Timoteo/Texto Irreverente
El fin de semana fue, quizás, el más sangriento que se haya tenido en el sexenio: 17 personas fueron asesinadas, ya sea en ejecuciones in situ –en el sitio donde se encontraban- o sus cadáveres aparecieron en parajes, algunos con la espantosa huella de la tortura y desmembrados, en un clásico mensaje del crimen organizado. La estadística fatal indica que cada 2 horas y media murió un veracruzano, como pasaba en los peores días de aquel 2011 cuando en las calles se acumulaban montones de cadáveres o pedazos de cuerpos.
Y en este soplo de muerte que tuvo Veracruz, un caso golpeó a la sociedad y retumbó en la prensa: de los cadáveres esparcidos en suelo estatal, tres eran de los jóvenes estudiantes que el 29 de septiembre fueron plagiados por un grupo de sicarios en el puerto de Veracruz. Una de ellos, Génesis Urrutía Ramírez era estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Veracruzana (UV) mientras que Octavio García Baruch y Leobardo Arroyo Arano, lo eran del Instituto Tecnológico de Veracruz (ITV).
Su desaparición causó un revuelo mediático, aunque la incertidumbre por su ausencia duró poco, once días, pero terminó de la peor forma pues los plagiados tuvieron una muerte atroz. Además sus fueron diseccionados por sus victimarios y metidos en bolsas de plástico, la cuales arrojaron a las orillas de la cartera Soledad de Doblado- Camarón de Tejeda. Así, se cierra otro capítulo sangriento que envuelve a jóvenes veracruzanos ante la inacción, y hasta complacencia, de las autoridades estatales.
Los tres estudiantes no solo fueron maltratados por sus captores sino también por la Fiscalía General del estado que antes de buscarlos se ocupó en criminalizarlos para cargarles la culpa de su suerte. El mismo método que ha hecho con todos los desaparecidos y asesinados desde hace seis años: acusar a las víctimas en lugar de castigar a los verdugos. Y como se dijo líneas arriba, éste es el tercer caso de un crimen que reúne elementos similares: “levantón” múltiple a plena luz del día, en lugares concurridos y sin ninguna reacción de las fuerzas del orden y en algunos casos con su participación.
El primero fue el 11 de enero con la desaparición forzada de Susana Tapia, José Benítez de la O, Bernardo Benítez Arroniz y Mario Arturo Orozco de 16, 24, 25 y 27 años de edad, respectivamente. Los cuatro eran originarios de Playa Vicente pero fueron detenidos por la policía estatal en Tierra Blanca y ésta los entregó a un grupo criminal que los habría torturado, asesinado e incinerado sus cadáveres. A la fecha solo se tiene la certeza del deceso de Benítez Arroniz porque se logró recuperar ADN en el fragmento de un hueso calcinado.
Dos meses después, el 18 de marzo, policías municipales de Papantla hicieron lo mismo, detuvieron a tres jóvenes y los desaparecieron. Se trató de Jesús Alan Ticante Olmedo, Alberto Uriel Pérez Cruz y Luis Humberto Morales, de quienes tampoco se sabe nada. Este último caso es el más descuidado no solo por parte de las autoridades judiciales sino por la prensa. Ahí el alcalde perredista Marcos Romero Sánchez sigue en su cargo cuando debió ser destituido porque su policía fue responsable de esa desaparición forzada y él estaba al tanto del comportamiento de sus agentes.
Los tres casos también reflejan que los municipios donde acontecieron – Tierra Blanca, Papantla y el puerto de Veracruz- están en manos de la delincuencia organizada. La policía estatal y las municipales están al servicio del crimen organizado y los ediles lo saben y lo toleran. En las horas negras que registra Veracruz mucho tienen que ver los responsables de los municipios bajo el imperio del crimen.
Por ejemplo, en el puerto de Veracruz, el munícipe Ramón Poo, ni siquiera alzó la voz por la desaparición de los cuatro jóvenes –uno más permente desaparecido- , mantiene un bajo perfil y no altera, ni siquiera con la denuncia a la que está obligado, los pactos de las autoridades estatales con las organizaciones delictivas. Veracruz es tierra de nadie a complacencia de sus autoridades municipales.
En este contexto de muerte e imperio del crimen, ayer el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares ofreció un pronunciamiento público para solidarizarse con los familiares de las víctimas y con las instituciones educativas y con la comunidad estudiantil. A la vez se comprometió a que esos crímenes no quedarán impunes y a garantizar la seguridad física de los alumnos a partir de que inicie la nueva administración estatal.
Anticipó que además de depurar las corporaciones policiacas estatales y reconstituir a las policías municipales o intermunicipales, se proveerá de sistemas de vigilancia en los centros educativos a través de videocámaras y un programa de reacción inmediata de las fuerzas del orden en el caso de que se presenten agresiones contra la comunidad estudiantil.
Yunes Linares señaló que la ola criminal que hay en Veracruz es el resultado del pacto que el gobierno estatal hizo con las bandas del crimen organizado desde el sexenio pasado.
Recordó que hay pruebas de que un cartel del narcotráfico le entregó 12 millones de dólares al impresentable exgobernante para su campaña electoral en el 2004. Entonces, “Veracruz vive las consecuencias de doce años de complicidad entre el gobierno del estado y la delincuencia organizada, lo que vivimos hoy no es casual”, aseveró al tiempo que anticipó lo que todos esperan de su gestión: que “habrá consecuencias jurídicas para los que se hicieron cómplices de la delincuencia, no solo Javier Duarte sino también Fidel Herrera”.
La criminalización de las víctimas, dijo, es parte del plan para mantener intocados esos acuerdos con la mafia. “Se niega la realidad para encubrir a los delincuentes y dejarles libre la plaza. Contra lo que dice Duarte, la delincuencia no roba ‘frutsis’ ni pingüinos sino que asesina, secuestra, extorsiona, roba y aterroriza a los veracruzanos con la total complacencia del gobierno estatal”. Al gobernador electo le asiste la razón y tiene que romper los pactos con el crimen organizado llamando a cuentas a quien los estableció y maniobró en los últimos años para que prevalecieran inalterables: el innombrable. La cárcel debe ser su destino.
Envoyé depuis Paris, France
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