Los partidos políticos los cierran: Federico Reyes Heroles
Estrangulados/Federico Reyes Heroles
El dilema mexicano es claro. La sociedad demanda más espacios democráticos; los partidos intentan lo contrario: cerrarlos. La sociedad clama por candidatos ciudadanos, por reelección de los legisladores y alcaldes, por campañas con contenido. Los partidos niegan esas posibilidades. La explicación individualizada -tal partido sí favorece X medida y se le oponen fulano y perengano- no se sustenta. El hecho concreto para la ciudadanía es que los tres partidos políticos nacionales bloquean una u otra propuesta. Están jugando con fuego, recordemos la molestia expresada a través del voto nulo en el 2009 que creció como la espuma. Quizá fue eso lo que propició que Calderón impulsara una reforma que incluía algunas de esas demandas ciudadanas, reforma que por supuesto no progresó.
El hecho es que aquí estamos en el 2012 y una de las novedades de la muy cuestionada ley electoral del 2007 es que -hoy por hoy- los debates públicos en esta etapa del proceso no están contemplados por la ley, ¡están sancionados! Qué democracia. Pongamos el asunto en perspectiva. Puntos más puntos menos pero alrededor del 95% de la población recibe su información política a través de los medios masivos de comunicación. Los lectores de periódicos somos una minoría muy pequeña. Sin los medios es imposible explicar la creciente politización de México, politización que ha propiciado la competencia, la alternancia y mayor exigencia ciudadana. Además la sociedad mexicana todavía está muy dispersa. Algo así como 100 mil comunidades tienen menos de 1000 habitantes. Pues en ese país donde los spots oficiales del IFE promueven la participación, se llegó a la brillante idea de impedir la difusión de los debates entre precandidatos.
El asunto es una afrenta al sentido común. Se supone que tanto las precampañas como las campañas tienen como finalidad que los ciudadanos conozcan a los aspirantes a los puestos de representación popular. Insisto en las precampañas. Si los partidos deciden sus postulaciones cada vez más a través de encuestas, es decir de indagaciones científicas del sentir ciudadano tanto entre sus simpatizantes como entre población abierta, cómo se supone que se informen los ciudadanos. Los debates en México han sido una historia de éxito en tanto que son esperados por la población como un ingrediente muy importante de su decisión final. Pues en este México los debates enfrentan infinidad de obstáculos.
El viernes 13 de enero Joaquín López Dóriga se vio obligado a cancelar un debate entre los aspirantes de la izquierda al gobierno capitalino porque la CIRT le advirtió de los riesgos legales. Pero la CIRT lo único que hizo fue seguir los confusos lineamientos de la ley. Los debates sólo deben ser organizados por el IFE en tiempos oficiales. Suena estaliniano. Según el TEPJF ni la libertad de expresión ni la actividad periodística amparan los debates. Además las personas que no militamos en los partidos podríamos caer en el riesgo de escucharlos, pues supuestamente -durante las precampañas- las acciones están dirigidas sólo a los militantes. El colmo del absurdo es escuchar por la radio los spots de los precandidatos con la leyenda final de que están dirigidos sólo a los militantes. ¡Genial! Recordemos además que hay un problema técnico irresoluble que apareció en el caso de la elección en Nayarit: cómo hacer que las ondas hertzianas sólo lleguen a la población que la ley considera indicada.
Hay más, ahora aparece la figura de la «adquisición indebida» de tiempos en radio y TV. Si un comunicador decide organizar un debate, cabe la duda sin fundamento de que haya sido «comprado» para ese fin. Increíble pero en pleno siglo XXI en acatamiento de la ley el TEPJF ordenó al IFE citar a declarar a 37 periodistas -entre los cuales se encuentran los de mayor prestigio y presencia nacional- por haber cometido la osadía de haber entrevistado al candidato priista al gobierno de Michoacán. ¿Libertad de expresión? Ahora resulta que los profesionales de la comunicación están limitados para divulgar el pensamiento y proposiciones de los contendientes políticos.
Es por eso que la CIRT solicitó al IFE le responda 19 preguntas muy concretas sobre cómo interpretar la ley en relación a la organización y transmisión de los debates. ¿Sólo pueden ser organizados por las autoridades? Qué pasa con los tiempos oficiales. Cómo se configura la «adquisición indebida». ¿Se requiere autorización previa? Están o no amparados en la actividad periodística. Se puede o no transmitir los debates organizados por los partidos. ¿Qué hacer con los candidatos únicos? Qué hacer con las circunscripciones geográficas, etcétera. Yo agrego, ¿y el internet?
Hace cuatro años un grupo de mexicanos nos amparamos en contra de la nueva ley electoral. La consideramos violatoria de varias garantías constitucionales. Se nos criticó aduciendo una defensa de los medios. Hoy las restricciones para los ciudadanos son evidentes. Se estrangula la participación. ¿No qué no?
Editorial
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