Por Dra. Zaida Alicia Lladó Castillo
“Toda situación objetiva de tolerar y dejar intactas las estructuras y actitudes que han hecho posibles…abusos y crímenes, eluden una responsabilidad elemental frente al futuro: la de salvaguardar los derechos básicos de la convivencia civilizada” (Portillo, 1996)[1].
Decía en el artículo anterior, que la corrupción es un acto premeditado, ilegal y ventajoso, y que va de la mano con otro igualmente despreciable, llamado, Impunidad. El término viene del vocablo latino “impunitas”, que hace referencia a la falta de castigo.[2]
Es decir, todo atropello, delito, daño moral o físico al prójimo o a una institución social o política, generado por un individuo—hombre o mujer–, que quede sin sanción o castigo, es considerado como acto impune.
La impunidad, puede apreciarse desde diferentes enfoques, entre ellos:
1.-La impunidad como violación a los derechos humanos (de las víctimas). El sólo hecho de cometer una falta, delito o daño físico, moral o emocional premeditado, a otra persona o institución sin ser castigado, o juzgado de manera desproporcionada al daño causado por el agresor o corruptor, viola los derechos individuales y sociales de otro que queda en el nivel de víctima y…no necesitamos ser abogados, para saberlo. Y es que en cada acto impune del que tenemos conocimiento, existen vicios en donde predomina la ineficiencia por parte de quienes les corresponde la aplicación de la justicia, sumado a esto la corrupción y la sagacidad de los abogados—que yo llamo “mercenarios”–, que saben de los vacíos de la Ley, y que en esa coyuntura, basan sus defensas pasando por diferentes agravantes: tráfico de influencias, pago de dádivas a todo a aquel que pueda ayudar a facilitar las cosas en un juicio, premeditación del escenario, etc., etc., con la única finalidad de ganar—inclusive a la mala– un juicio.
Por ejemplo: Todos recordamos el caso Florence Cassez –sucedido hace algunos años–, donde una ciudadana Francesa fue detenida por la acusación directa en su contra de haber participado—con una banda delincuencial– en el secuestro y tratos inhumanos en el cautiverio de un joven y, no obstante existir pruebas contundentes derivadas de testigos y la acusación de la propia víctima—pues señaló claramente a su agresora–, su abogado pudo probar “errores de procedimiento en el juicio” y la señora regresó a su país, libre, sin mancha y hablando “pestes” de la justicia mexicana, quedando como víctima. Y ante estos casos que puede hacer el agraviado y su familia, ¿aguantarse su coraje? , ¿Seguir confiando en las instancias de procuración de justicia o los tribunales? ¿o seguir insistiendo en el caso, para llevar juicios interminables y costosos?
Imaginen lo que cobró el abogado mexicano que la defendió y que logró que quedara libre una delincuente; y, aunque me la pinten de que “él no tiene la culpa y solo actúo de acuerdo a la ley”, la realidad es –y hay que decirlo con todas sus letras–, estos casos nos llevan a reflexionar que: una cosa es aplicar la Ley y otra hacer justicia, cuando ambas debieran estar unidas funcionalmente en el ejercicio del derecho.
O como estos casos hay muchos, recordemos también el caso de Regina Martínez, la periodista asesinada. Su agresor fue detenido, sometido a un proceso y la Procuraduría de Justicia, la familia y el abogado de la víctima esperaban una sentencia o pena aproximada de 20 años de prisión mínimo; pero un Magistrado, consideró que no hubo pruebas suficientes o que hubo “errores en el procedimiento” y eso fue suficiente para no condenar al asesino y dejarlo libre. Y se habría consumado la impunidad, sino hubiera reaccionado la Procuraduría y habiendo reaprendido el sujeto, pudo hoy hacerse justicia y verle tras las rejas.
2.-La impunidad como evasión o escape. Por otra parte, puede observarse también la impunidad cuando se le permite a un delincuente encubierto, propiciar las condiciones para evadir o escapar a la acción de la justicia. Por ejemplo: un Presidente Municipal corrupto, que quiere aspirar a un siguiente cargo de representación, para obtener fuero y no ser juzgado por las faltas que se le acusan en el cargo anterior.
3.- La impunidad como delito institucional. La impunidad puede darse en el orden institucional o estatal, porque cuando no se actúa de acuerdo a la ley o se protege al funcionario o político corrupto y delincuente, constituye una violación a la obligación general que tiene el Estado –y sus órganos de fiscalización-, de controlar, investigar, juzgar y condenar a los culpables de graves y sistemáticas violaciones de los derechos de los ciudadanos receptores de los servicios públicos o institucionales, que por ese hecho, no obtienen los beneficios de la acción del gobierno de manera eficiente y oportuna. Y al respecto hay tantos ejemplos a mencionar, que me llevaría una biblioteca completa y semanas para poder exponerlos.
4.-La impunidad como dimensión política. La impunidad no es sólo un problema de leyes o de violación de derechos humanos, si lo viéramos así caeríamos en una posición reduccionista y simplista (Andreu-Guzmán, 1996)[3]. La realidad es que tiene sobre todo una dimensión política y social. Porque es un problema de relaciones humanas e interinstitucionales, de educación, y sobre todo, de estilos en el ejercicio del poder que ha generado una cultura arraigada que se viene heredando de generación en generación y que ello conforma ya la memoria histórica –o la buena o mala imagen–, de un pueblo o de una Nación.
El ingrediente político de la impunidad, se lo dan esas estrategias planeadas por los propios miembros del sector público—cualquiera que sea el orden y nivel de gobierno–, que violan los derechos humanos desde la supuesta legitimidad del Estado. Dicha estrategia se caracteriza por la ausencia de castigo o de la tolerancia a los errores, omisiones, injusticias y manipulaciones del gobierno y sus administradores y lo peor e inconcebible que también existen en nuestro país, la creación de leyes a la medida—como en la Asamblea del DF–, para que se oculte la corrupción de sus administraciones y se legitime la barbarie en nombre de la justicia.
5.-La impunidad socio-cibernética. Cuando los actos o daños, afectan el prestigio y buena imagen de las personas, como es el caso de los usuarios de redes de internet que denostan la imagen de las personas o, calumniadores que aprovechan medios de comunicación como la radio, TV, las redes sociales, etc., que escudados en la libertad de expresión y en la clandestinidad hacen sus fechorías, mismas que quedan sin castigo, haciendo daño físico y moral a niños, jóvenes o adultos.
6.-La impunidad como proceso de acumulación de delitos impunes. Igualmente la impunidad puede darse a través de un proceso de acumulación de delitos de acción injusta o de omisiones en la aplicación de la ley y en el cumplimiento del deber, algunos de ellos quedando en la clandestinidad, por ejemplo: el caso Elba Esther Gordillo: siempre se afirmó que la líder magisterial hacía negocios abiertos con el gobierno y a favor de su peculio y lo hizo por décadas negociando con éste y nadie la detuvo (primer acto impune); pero a raíz de que fue detenida hace 2 años, supimos o confirmamos–como ciudadanos–de la actuación de una líder envanecida y desquiciada por el poder y el dinero, que se hizo multimillonaria a la vista de todos y que jamás fue denunciada por su gremio en su momento, incluso fue protegida al interior, a sabiendas que para realizar sus atropellos usaba a su sindicato (segundo acto impune). Incluso hoy ya denunciada, detenida y sometida a proceso, aún no se ve la reparación o compensación moral y económica en proporción al daño cometido, ni a su gremio, el sector educativo y a todo ciudadano afectado por sus actos (tercer acto impune).
Lo anterior permite observar el enlazamiento de hechos impunes, que involucra la actuación antiética e inmoral de diversos actores y organismos. Por lo tanto, la impunidad prevalece, porque no sólo es la persona la que hoy está sometida a un proceso, sino que se deja sin llamar a cuentas a otros actores que igualmente se beneficiaron de dichos actos y ninguno de ellos está en la cárcel. Luego entonces, esos encadenamientos de conductas corruptas e impunes es lo que da al traste a la confianza de la sociedad en sus instituciones y en sus gobernantes.
Pero la impunidad ¿tiene consecuencias psicosociales? Sí, como muchos otros actos fallidos e ilegales que se dan en el proceso de aplicación de la justicia, entre otros[4]:
- Ante ello, los individuos, presentan sentimientos de temor persistentes, indefensión e inseguridad, así como vivencias persecutorias, que se reviven ante ciertas circunstancias o estímulos, que el individuo estima agresivos o amenazantes.
- La impunidad, en ciertas dictaduras genocidas, permite tomarla como representación social de la represión y considerada una amenaza o arma de fácil aparición o utilización. Esta amenaza, refuerza sentimientos de temor, indefensión e inseguridad ya existentes en los ciudadanos.
- La impunidad como dictadura, estimula comportamientos primitivos como: la impulsividad, la arbitrariedad, la omnipotencia, la adicción y la violencia. Conductas que generan alteración en los sentimientos de frustración y de coraje.
- Todos esos comportamientos primitivos, pueden fungir como modelo, y afecta las ideologías sociales. Porque las consecuencias de la frustración que producen en el individuo–cuando finalmente no ve resuelto su conflicto de manera justa–, eleva el estado de ánimo de manera negativa y aumenta la probabilidad de la rebeldía y el revanchismo, haciendo que aparezcan otros sentimientos como la venganza y la agresión tomando modelos similares. Es decir, refuerza los funcionamientos omnipotentes del consciente e inconsciente colectivo. Eso incide más en los jóvenes y adolescentes que se resisten en aceptar la frustración para el logro de sus objetivos y por su inmadurez reaccionen violentamente.
- Por eso es cada vez más común, observar que los umbrales de tolerancia individuales y masivos, son cada vez más bajos y lleva a la gente a buscar la justicia “por su propia mano” o a generar ideas sobre los castigos extremos como “la pena de muerte”. Siendo sólo una reacción a la pérdida de confianza en el Estado, en su capacidad de hacer justicia y la falta de certeza de que dicha función será ejercida.
La impunidad, luego entonces, es la negación de la justicia y del carácter justiciable de los derechos humanos, el desconocimiento o el “no querer ver” la razón de las víctimas y la imposición de la mentira o la verdad a medias, estatal. O lo que es peor, el ver solo los derechos de los agresores y no de los agredidos. Todo ello, quiera o no aceptarse, es la legitimación del abuso del poder. Y para muestra un botón:
a) Quién les repara los daños a los empresarios, comerciantes y banqueros, cuando les destruyen a su paso –los grupos anarquistas, los de la CNTE, CETEG u otros grupos radicales–, sus negocios, comercios e instituciones, o cuando lesionan a los elementos de seguridad pública a quienes golpean con saña y que lamentablemente, hasta hoy, no se ha visto que se detengan esas barbaries por parte de los gobiernos locales, aun existiendo saldos trágicos para los manifestantes , policías, medios de comunicación, etc.
b) Quién puede defender al (la) trabajador (a) que es hostigado(a) administrativamente y/o acosado(a) sexualmente, etc., y que finalmente es despedido (a) porque no cedió a las pretensiones de un superior o superiora, y el (la) agraviado (a), no encuentra eco a su reclamo ante las autoridades laborales. A veces lo que se obtiene de respuesta es que el acosador (a), sólo sea removido (a) a otra área, permaneciendo inmutable sin ser sancionado.
c) Qué pasa con los casos de un funcionario o político –de cualquier nivel–, que no es juzgado porque tiene fuero e incluso es protegido por encubrir sus fechorías en el ejercicio de su función pública o política, por así convenir a los intereses de quien le toca impartir la fiscalización, el orden organizacional y legal de la administración pública.
d) En el caso del cliente que es defraudado en su compra y al reclamar ante los organismos de protección al usuario o consumidor, es sometido a largos procesos de trámite al reclamar un daño a su equipo, su vehículo, o a un producto en particular; o cuando reclama el cobro indebido de un seguro de su carro o de vida o cuando se pelea la reposición del daño a su casa o recuperar su dinero, etc., si dentro de esa larga espera, tiene que enfrentarse a grabadoras telefónicas que no sacan de apuros, a empleados majaderos o ignorantes que no resuelven o a paseos interminables de un lado a otro, que hace que finalmente la persona desista y se guarde su coraje.
e) Quién puede apoyar a un niño o a una joven violada, que por esa falta de confianza en la justicia, no denuncia porque tales actos penosos producen miedo y vergüenza si se ventilan públicamente.
f) Cuántas veces hemos visto a un enfermo que por negligencia médica fue dañado físicamente después de una intervención y, si reclama la reparación de un daño—irreversible, sólo se encuentra con escusas injustificables y evasivas diversas; y si se reclama una indemnización a la institución de salud, es peor, porque se encuentra con que hay una tendencia de proteger a su personal médico o administrativo, dejando al enfermo a la deriva a veces inválido o al borde de la muerte.
g) Qué impotencia siente el conductor –al que le es levantado su vehículo por una grúa– cuando le provocan daños a su unidad, teniendo que aguantar su coraje porque la autoridad –a la que se le reclama el abuso–, sólo se limita a cobrar la infracción y no hay quien responda por los daños ocasionados.
h) Qué decepción para la ciudadanía el que veamos a gente –perfectamente señalada y acusada como delincuente de “cuello blanco”–, y que sin responder por la ineficiencia y corrupción demostrada en su gobierno, no sea castigada y goce de libertad, no obstante el quebranto patrimonial a un municipio, estado o a un país. Etc. etc. Y me cansaría de mencionar tantos casos más, donde la impunidad y su hermana gemela: la corrupción, están presentes.
En México, la cultura de la ilegalidad está tan arraigada que tal parece que es norma; incluso el que se ajusta o cumple con la misma, se ve como torpe o ingenuo, porque el medio predominante es el ocultamiento de la verdad, el dinero como medio para resolver los problemas y las influencias y el compadrazgo para evitar la acción de la justicia. Y esa cultura, en la actualidad toma dimensiones de gravedad y quien recibe las consecuencias somos todos los que constituimos la sociedad mexicana en general.
Mientras las instancias de procuración de justicia y las encargadas de aplicar la Ley, no hagan su trabajo o la hagan parcialmente, habrá casos impunes que lastimen a la sociedad. Por eso en nuestro país, se necesita mucho trabajar integralmente con todos los factores, actores y situaciones que propician estos actos, analizando y atacando sus predisponentes: la deshonestidad, la falta de ética , el fraude profesional, la falta de respeto a la comunidad y la que provoque la desconfianza en la autoridad; igualmente interviniendo sobre ciertos grupos resistentes a vivir en el orden y dentro del marco de la ley, identificando que factores elevan la desconfianza en la labor gubernamental, entre otras cosas, para cambiar actitudes y comportamientos indeseables; pero sobre todo, para que se castigue a quien falle a su profesión o a su institución yendo hasta las últimas consecuencias y haciéndose valer la ley, se trate de quien se trate.
Porque la sociedad mexicana, hoy más que nunca, necesita recuperar y tener certidumbre para no seguir sintiendo más ese vacío que la hace alejarse de las instituciones del Estado y le obliga a la búsqueda de soluciones a través del uso de la justicia privada por sobre la justicia institucionalizada. Una sociedad que tienen derecho a procesos limpios, confiables y eficientes; de ahí la urgencia de recuperar el clima social y político erradicando la corrupción y la impunidad en la cultura nacional, para superar esas limitaciones y vicios que enajenan a los individuos y a las instituciones, para dar paso a una nueva cultura de la legalidad, de la ética como sustento en nuestros actos y de una nueva moral social basada en la verdad y la confianza.
No es fácil pero tampoco es imposible. Gracias y hasta la próxima.
[1] Portillo Carlos (1996), Impunidad y sus efectos en los procesos democráticos, Seminario Internacional, Santiago de Chile, http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/seminar/seminar_03.htm
[2] http://definicion.de/impunidad/#ixzz3LW88zCPW
[3] Andréu-Guzmán, F. (1996). “Algunas reflexiones sobre impunidad” en Seminario Internacional Impunidad y sus Efectos en los Procesos Democráticos, Santiago de Chile, 14 de diciembre de 1996. Extraído de:http://www.derechos.org/koaga/xi/2/andreu.html
[4] Edelman Lucía, Efectos psicosociales de la impunidad, http://www.eatip.org/textos/impunidad/laimpunidad-1.htm
Editorial
