Por Raymundo Riva Palacio
Desde un mes antes que se cumpliera el cuarto aniversario de la desaparición de Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, miembros de la estructura de mando del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Oaxaca, la organización guerrillera incrementó de manera significativa la frecuencia de sus comunicados. Fue una intensidad similar a la que se registró en vísperas de los atentados a oleoductos de Pemex en respuesta al secuestro —no diagnosticada correctamente en aquel momento— y puso en alerta a los sistemas de inteligencia del Estado.
Pero no sucedió nada en las efemérides del 25 de mayo pasado. Fuentes federales se lo explican en parte porque se mantiene una línea de comunicación entre el EPR y el gobierno, a través de una comisión mediadora, para poder determinar qué sucedió con los jefes eperristas, pero no hay nada concluyente. Días después pasaron otras cosas relacionadas con el EPR, al detener la Policía Federal a Alicia Zamora Luna y Eduardo Torres Montes, el matrimonio vinculado a la guerrilla que participó en el linchamiento de tres policías federales en Tláhuac en 2004, donde murieron dos de ellos.
Zamora Luna y Torres Montes, quienes azuzaron a la población de San Juan Ixtayoapan, en Tláhuac, para detener a los agentes y quemarlos vivos, se fueron a la clandestinidad tras aquella noche de manipulación y enajenación de masas, con lo que respondió la Comandancia General del EPR que la hubieran descubierto en ese pueblo, donde se habían establecido. El matrimonio fue ayudado por el EPR en todo ese tiempo y sólo el haberse confiado y reaparecer produjeron su captura.
Ninguno de los dos es miembro de la estructura militar del EPR, de acuerdo con fuentes federales, pero sí de sus grupos de apoyo. El comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, recordó al presentarlos que el EPR contaba con apoyo de algunos sectores que actuaban de manera específica en tareas como bloqueos y defensa de detenidos (abogados).
“Son grupos de la más diversa índole, forman un complejo, un tejido en torno a este tipo de movimientos que para ese entonces tenía cierta vigencias… recientemente habían aparecido en el estado de Guerrero, de Oaxaca y previamente en el estado de Chiapas”, dijo Rosas. Sin decirlo abiertamente, confirmó indirectamente lo que en privado decía el gobierno: la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que puso en jaque al gobierno de Ulises Ruiz, así como los municipios “autónomos”, que quisieron extenderse fuera de Chiapas, como en Atenco, a 32 kilómetros del corazón de la ciudad de México, sí tenían ramificaciones con el EPR.
Torres Montes, que estaba afiliado al PRD y era gestor de créditos de vivienda en Tláhuac, y Zamora Luna, identificada en su momento como narcomenudista, formaban parte del frente de masas que el EPR está construyendo a nivel nacional. Aunque no es una nueva estrategia, la evolución de la guerrilla se ha venido acelerando en los últimos años, con extensiones en los grupos anarquistas —quienes han colocado bombas caseras en cajeros automáticos y algunos establecimientos en la capital y en Tijuana— y en movimientos sociales, como el que encabeza el poeta Javier Sicilia, que aparecieron como grupos de apoyos en la caravana de Cuernavaca a la ciudad de México.
Los movimientos de masas que empiezan a tomar cuerpo dentro del EPR, son una estrategia alterna a la militarista y una opción dentro de la dialéctica de la Guerra Popular Prolongada. Esta lógica rechaza el sectarismo dogmático y se desdobla en organizaciones sociales que operan en la legalidad, y las experiencias sobre su éxito son distintas.
En El Salvador, por ejemplo, le dio viabilidad al Ejército Revolucionario del Pueblo en la segunda parte de los 70, cuando en el primer lustro de esa década uno de sus jefes y actual asesor del gobierno de Felipe Calderón, Joaquín Villalobos, se opuso con tanta energía a la estrategia de masas —que involucraba a estudiantes, obreros y campesinos— que ordenó la ejecución de uno de quienes la propugnaban, el poeta Roque Dalton. Pero en Argentina, cuando a principios de los 70s caminaron en esa dirección, los Montoneros entraron en contradicciones porque los sectores populares cuestionaban permanentemente la conducción estratégica guerrillera.
Los frentes de masas le permiten a una guerrilla, sin necesidad de tener grandes unidades o ejércitos rebeldes, introducirse en la sociedad civil, dotarlos de contenido político y revolucionarios, guiarlos políticamente en su dirección, y canalizar los malestares en contra del gobierno o a favor del gobierno. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez constituyó su frente de masas; en España, ETA articuló a través de Ekin un paraguas político legal, que le permitió establecer redes de información de empresas y empresarios para extorsión y secuestros, movimientos sociales de presión, y expresión a través de un periódico, hasta que el gobierno español lo desarticuló.
La vía militarista ha dejado de ser una opción real en el mundo, particularmente desde la caída del Muro de Berlín, en 1989, pero no todas las guerrillas se adaptaron al cambio con rapidez. Aunque el EPR comenzó a modificar el contenido marxista-leninista de sus comunicados, es sólo hasta el último lustro cuando su penetración en la sociedad civil parece más estructurada. El lenguaje cambió totalmente, del militarismo al libertario global, como se apreció en los comunicados de su grupo escindido que secuestró a Diego Fernández de Cevallos.
Tras la experiencia fallida con la APPO y la poca eficiencia de sus cuadros a través de organizaciones magisteriales en Oaxaca y el Distrito Federal, el nuevo modelo de frente de masas a través de demandas más atractivas a la mayoría de la población —como la seguridad pública— habla de una inteligencia más sofisticada dentro del EPR que está apostando a nuevas formas de lucha. Su ventaja es el tiempo. Además, con más de 300 millones de pesos del secuestro de Fernández de Cevallos, del cual recibieron parte, financiamiento también tienen para consolidar la nueva estrategia.
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