El País
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha pedido a la Fiscalía que reabra el caso Colosio, el magnicidio del candidato presidencial del PRI asesinado en Tijuana en 1994. En un informe publicado este martes, la oficina del ombudsman ha señalado que el presunto asesino, Mario Aburto, detenido poco después del ataque, fue objeto de tortura por parte de agentes de la propia Fiscalía y de funcionarios de prisiones. Pese a las dudas sobre el caso y las quejas constantes del condenado, Aburto nunca ha salido de prisión. La CNDH insiste ahora en que el proceso que concluyó en su sentencia fue del todo irregular.
Luis Donaldo Colosio era la estrella emergente del PRI en un momento en que México vivía momentos convulsos. El Gobierno de Carlos Salinas (1988-1994) había aprobado el tratado de libre comercio de Norteamérica con Estados Unidos y Canadá. En enero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se había alzado en Chiapas, un desafío al Estado desde los movimientos de base del sur del país, un llamado de auxilio del campesinado, olvidado por décadas.
En ese contexto, Colosio era un símbolo de esperanza, la última gran operación publicitaria del PRI, que se eternizaba en el poder desde su formación, a finales de la década de 1920 bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles. Ídolo de masas, Colosio llenaba sus mítines allá por donde iba. Aquel 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, no fue ninguna excepción. Riadas de gente llegaron a ver al candidato. En un traslado, alguien sacó una pistola y disparó a Colosio. El político murió poco después en el hospital. Aburto fue detenido en las primeras horas después del asesinato.
Mucho se ha escrito sobre el magnicidio en todos estos años, también de Aburto y su presunta responsabilidad. Las teorías conspirativas sobre el papel del PRI en el asesinato, las presiones que habrían sufrido los investigadores y los vínculos de unos y otros con el crimen organizado han permeado en la opinión pública, hasta el punto de que esas teorías resultan a veces tan creíbles como la versión de que Aburto es el culpable.
Además de reabrir la investigación, la CNDH pide a la Fiscalía que investigue su propia investigación debido a las irregularidades detectadas en las pesquisas. Los investigadores piden que “se consideren las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado, para que en esta nueva investigación que se realice o en la reapertura de la anterior, se subsanen tales deficiencias y se llegue al pleno esclarecimiento de los hechos”.
La oficina del ombudsman pide igualmente que se reactive la investigación por tortura contra Aburto, iniciada en 1994 y abandonada otros tantos. “Aún transcurridos 27 años desde que ocurrieron los hechos alegados, conforme al Protocolo de Estambul que se le practicó, existe un cuadro de lesiones típicas, así como diversas cicatrices de distintos tamaños que pueden ser importantes en un diagnóstico de torturas”, señala el documento.
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