Unos 25 militares llegaron al lugar de la fuga intencionada, pero se desconoce qué procedimientos se siguieron
Por: Jacobo García/El País
La explosión de una toma clandestina de gasolina en el centro de México ha golpeado al país por su crueldad y por las dudas que levanta la actuación militar para evitar el siniestro. Paralelamente afecta de forma directa a la estrategia de combate al robo de combustible del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento se han contabilizado al menos 79 muertos y 66 heridos. Sin embargo, casi todas las preguntas de la prensa estuvieron dirigidas este sábado hacia el papel de los militares que localizaron la fuga dos horas antes de la explosión. Una actuación que López Obrador calificó de «correcta y oportuna» en respuesta a una tragedia que valoró como una «lección dolorosa pero aleccionadora».
El escenario al día siguiente de la catástrofe en Tlahuelilpan, un municipio rural de 20.000 habitantes en el impresionante valle del Mezquital del Estado de Hidalgo, era la de un de campo regado de cuerpos carbonizados y decenas de triángulos amarillos para indicar a las víctimas, junto a una gran tubería de gasolina. Un grupo de peritos con trajes blancos recogía pruebas sobre una catástrofe prácticamente transmitida en tiempo real y sobre la que existen decenas de vídeos de teléfono celular imposibles de publicar por su crueldad.
La detonación ocurrió dos horas después de que las autoridades localizaran una fuga intencionada de gasolina. La salida a gran presión del combustible hizo que cientos de habitantes corrieran hacia lugar y se arremolinaran junto al potente chorro con un bidón en cada mano para intentar llevarse unos litros, mientras los soldados intentaban convencerlos para que no lo hicieran. «Las Fuerzas Armadas trataron de impedir y de persuadir de que se retiraran del lugar porque corrían peligro. Sin embargo, la gran mayoría no escuchó este llamado», dijo el gobernador de Hidalgo Omar Fayad.
Según López Obrador, el siniestro es una amenaza que podría volver a repetirse. «Desgraciadamente ayer le tocó a la gente de Hidalgo, pero es un riesgo constante y permanente (…) Hemos llamado a la población a que deje estas actividades, y que ahora que el gobierno atiende las demandas de la gente, que se inscriban (a los programas sociales)», les pidió el mandatario.
Sin embargo, la explosión deja también un campo regado de dudas sobre los protocolos a seguir en estos casos y la decisión de las autoridades de no movilizar a más militares a la zona después de localizar el impresionante pinchazo en el ducto. Paralelamente pone en tela de juicio la capacidad del ejército para atender contingencias y accidentes de este tipo —que incluyen el uso de prácticas de protección civil y de manejo de la fuerza— en el marco de la creación de una Guardia Nacional que le concede más poderes.
En las explicaciones conocidas hasta ahora hay muchas lagunas sobre el procedimiento aplicado y de quién vinieron las órdenes. Se sabe que 25 militares estaban en el lugar de la fuga, pero se desconoce por qué no llegó más personal a la zona cuando la gente llegó en masa. Sobre si el Ejército debió haber desplegado un cordón de seguridad alrededor de la enorme llave de gasolina para evitar el accidente, López Obrador dijo que se tomó la decisión no enfrentar a la población que superaba las 600 personas. «La acción del ejército fue la correcta y oportuna. No es fácil ante una multitud hacer prevalecer el orden aunque se expliquen los riesgos», resumió Obrador.
Cuando a las 18.50 de la tarde del viernes todo saltó por los aires, había entre 600 y 800 personas que recogían combustible en un ambiente relajado. Los vídeos difundidos antes de la explosión muestran una fiesta colectiva regada de gasolina —entre los heridos hay una docena de menores y un niño de 12 años— que un grupo soldados observaba con los brazos en la espalda mientras el imponente chorro se elevaba a gran presión por encima de los pobladores que esperan con la garrafa en la mano. Según la empresa petrolera Pemex, el año pasado había 12.500 puntos de extracción ilegal de gasolina como este. Municipios enteros del centro de México que viven de una práctica que ahoga a la paraestatal, pero alimenta miles de bocas en los municipios rurales por donde pasa el tubo.
López Obrador ha delegado en el Ejército la vigilancia de los ductos «pero sin enfrentamientos con la población (…) porque no se puede apagar el fuego con más fuego», dijo este sábado en una rueda de prensa acompañado de sus principales ministros y generales. Ellos son la punta de lanza de un plan prioritario para su gobierno de combate al huachicol, como se conoce en el país. De ahí que las críticas a su actuación se han multiplicado. Según el presidente, «Vamos a continuar con la misma política, y yo creo en el pueblo, confío en la gente y sé que con estas lecciones dolorosas, lamentables, la gente va también a alejarse de estas prácticas», añadió. «Y esto no es una orden, sino una política (de Estado)», dijo sobre el espíritu que rodeó su actuación, pero sin aclarar por qué no se movilizaron los efectivos necesarios una vez que se conoció la fuga.
Desde la puesta en marcha de la operación contra el robo de combustible, el Ejército ha desplegado 5.000 soldados para vigilar 6.000 kilómetros «críticos» de ductos de los 54.000 que tiene la red. Según el secretario de Defensa, Luis C. Sandoval, cada 20 kilómetros de tubos y cañerías hay un batallón de 50 hombres que los recorren 24 horas al día, reveló el general.
Según el presidente mexicano, el nuevo fiscal general del Estado, Alejandro Gertz, que no lleva ni 24 horas en el cargo, deberá resolver en su investigación las preguntas que flotan el aire: «¿Quién lleva a cabo la perforación del ducto? (…) ¿quién convoca?, ¿quién llama?, ¿cómo acude tanta gente?, ¿por qué los recipientes?, ¿qué se hace con ese combustible ¿quiénes compran?», dijo. Otras cuestiones, sobre la actuación de las autoridades, para él, ya quedaron disipadas: «Fue correcta y oportuna».
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