Manuel Camacho Solís
Desde hace semanas una pregunta flota en el ambiente político: ¿actuará el Presidente contra algún miembro poderoso de la clase política? Se habla de ello en todas partes. Se analiza. Se especula. Se teme. Se amenaza. Se busca controlar los posibles daños.
La detención de Jorge Hank parece confirmar el temor de las jerarquías priístas. Con independencia del curso que siga su caso —que debiera contar con todas las garantías y apego al debido proceso— no se puede pasar por alto que las instituciones están en una encrucijada. Se les pretende colocar ante el dilema de respetar los pactos de impunidad o incurrir en la persecución política.
El dilema es falso. Precisamente por la gravedad de la crisis de inseguridad que se vive, debiera quedar claro a todos que la única manera de reducir el divorcio entre las instituciones y la sociedad es resolviendo en favor de la justicia.
A muchos les tiene sin cuidado que se amplíe la brecha entre el poder y la sociedad. Poco toman en cuenta los reclamos airados de justicia en los tantos casos que han ofendido a la sociedad. Poco les importa la crisis de inseguridad y las muertes que la acompañan, mientras no se ponga a nadie de su grupo en riesgo.
De ahí el manejo anticipado que se hace de lo que se pensaba podría ser una posible detención de un político con peso. Se ha recurrido a todo. A las reflexiones más profundas para justificar porque sería muy grave que eso ocurriera. A las amenazas francas que desde ahora anuncian reacciones aireadas y peligrosas.
Es sintomático que cuando la sociedad reclama justicia, una parte de la clase política sólo esté preocupada por sellar los pactos de impunidad y por vacunarse en salud contra cualquier acción que ponga en riesgo la impunidad. Eso que les parece normal es severamente cuestionado por la opinión crítica y genera grandes dudas en la opinión internacional.
Si algo ha dañado el prestigio y la legitimidad del régimen político son los casos evidentes de impunidad. Cuando la gente se da cuenta de que alguien que, a todas luces ha cometido un ilícito es protegido, se genera una enorme desconfianza. Cuando se hace ostentación del poder y la impunidad se daña profundamente a las instituciones. Como lo dijo alguna vez Talleyrand: “Señor, eso es peor que una inmoralidad, es un error político”.
Lo mismo ocurre con la persecución. Cuando el poder se usa ilegal e ilegítimamente para perseguir a un adversario político, de nuevo el poder se deslegitima. En vez de verse poderoso, se le juzga injusto. No parejo. Parcial. Faccioso.
Los pactos de impunidad y las persecuciones políticas no son hechos que ocurren de vez en cuando. En realidad son tan frecuentes y vienen de tan atrás que, cuando suceden, no hacen sino confirmar la muy mala opinión que tiene una gran parte de la sociedad sobre los políticos. De no contenérseles, dañarán irreversiblemente a las instituciones.
Si la impunidad y la persecución política son en sí tan dañinas a la sociedad y tanto debilitan a las instituciones, en tiempos de una emergencia de seguridad como la que hoy se vive, y en un calendario donde ya se aproxima la sucesión presidencial, al agravio a los ciudadanos se suma la consecuencia política.
Urge que la sociedad y la política salgan del falso dilema de proteger la impunidad o incurrir en un acto de persecución política. La justicia rompe el falso dilema. En un país donde la realidad está tan alejada de la norma, la mejor manera de hacerlo es actuando.
Lo que la sociedad y el Estado ya no resisten más son los pactos de impunidad y el uso político de la justicia. Han hecho mucho daño. La solución no es la parálisis. La solución es actuar ya, antes de que el proceso se degrade a un punto que impida recuperar la ilegitimidad de las instituciones. Urge que los actores centrales del Estado —en cuyas decisiones se sostiene la legitimidad de las instituciones— actúen con la mesura, responsabilidad y determinación que exige el momento. (El Universal).
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