Javier Duarte: premio al ladrón

Nueve años, quizá menos, y Javier Duarte volverá a robar. Una sentencia impúdica —un tercio del tiempo que debió purgar en prisión— lo exime de resarcir el daño real causado a Veracruz, pagando por la quiebra financiera, por los miles de millones hurtados y por el estrago social, describiendo que el régimen de impunidad para eso está. Nueve años de cárcel es, la verdad, un premio al ladrón.

Acogido a un procedimiento abreviado, el rufián tácitamente preñó a la ley. No llegó al juicio oral. Se ciñó a las barbaridades del nuevo —y ruin— sistema penal acusatorio que permite a los pillos canjear una condena corta, simulada, vilmente tejida a cambio del disfrute de los bienes sustraídos y el dinero del erario. Y la promesa de sí volver a pecar.

Por la vía fast track, el ex gobernador de Veracruz abrevió un juicio que de antemano sabía perdido. Lo hundía el monto descomunal de dinero desviado, mansiones aquí y allá, las de Ixtapa y Cancún, ranchos en Valle de Bravo y Fortín, las de Woodlands y Maricopa, las de Miami y Maryland, o el hotel en España, o los terrenos en Campeche, o las casas de Las Lomas y Santa Fe, o los departamentos de lujo en Torre Pelícano, Boca del Río, Veracruz.

Y qué decir del dispendio. Toda una novela puede plasmarse con tinta y papel, retratando a Javier Duarte y la runfla de cómplices, la mujer, doña Karime Macías Tubilla, suegro incómodo que responde al nombre de Tony Macías —Jesús Antonio Macías Yazegey— y doña Yazmín Tubilla Leatyf, la cuñada Mónica Ghihan y el concuño José Armando Rodríguez Ayache, y los Mansur, los Janeiro, los Ortega, los Bandín, unos de estirpe y otros convertidos en nuevos ricos, todos, sin embargo, transpirando el tufo a delito, el robo tatuado en la piel, la corrupción y el atraco como carnet de identidad.

Huellas y rastros hubo y de sobra. Así suene trillado, habrá de decirse que Javier Duarte robaba con tal impudicia que no se cuidó de desviar la atención. Ahí, las empresas fantasma, pasadas por la fe de notarios a modo que sin más plasmaron en sus libros haber tenido ante sí a supuestos inversionistas, potentados que no lo eran, cuando se trataba de pobres y hasta miserables que apenas tienen para comer.

Con esa fe notarial se conformó la red de negocios que sirvió para ir extrayendo, vía pagos por servicios no prestados, por obra no construida, por producto no vendido, varios miles de millones de pesos del erario del gobierno de Veracruz.

De las empresas fantasma, bajo la guía de Karime Macías, se dispersó el dinero robado hacia empresas de papel, inmobiliarias dentro y fuera de México, inmobiliarias fantasma, que no construyen, que no venden, que no compran, que sólo servían para recibir la millonada para su consabido lavado en el sistema financiero.

Otro miles de millones no se canalizaron a empresas fantasma. Salió el efectivo, contenido en cajas de cartón, trasladados en helicóptero desde Xalapa o Veracruz a la Ciudad de México. Ahí descendía en un helipuerto de un edificio privado y de ahí a las cuentas de cómplices mayores, y al PRI.

Cuatro testimonios hundieron a Javier Duarte: el de Antonio Tarek Abdala Saad, tesorero en sus primeros años de administración; el del contador del clan, Alfonso Ortega; el de Moisés Mansur Cisneros, el que entregó una tarjeta adicional a Karime Macías para comprar de todo, queriendo no dejar huella, en tiendas de lujo, y el de José Juan Janeiro Rodríguez, operador de la trama, cerebro del robo descomunal.

Y aún así, la PGR lo salvó.

Lleva año y medio en prisión. Debiera purgar 7.5 años más. O tramitar en cosa de tres años su libertad anticipada. Sobre eso alardea el ex gobernador, a través de abogados que mienten y siembran la duda, que ocultan lo que dice la ley, sabiendo que mientras haya otros juicios —el de peculado y el de desaparición forzada, vigentes y movidos por la Fiscalía de Veracruz—, órdenes de aprehensión, una denuncia en la Corte Penal Internacional de La Haya por las aguas destiladas que suplantaron a los medicamentos para quimioterapia en niños con cáncer, Javier Duarte no puede reducir sus días de cárcel.

Javier Duarte es engendro del nuevo PRI. Destaca entre la generación de sátrapas llevados al poder, hábil en el asalto a las arcas públicas, por el desdén a la ley, por la sangre fría para robar.

Ladrón confeso, adquirió tal status cuando admitió ser responsable en los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Negoció culpabilidad. Aceptó condición de rufián.

Sentencia a modo la de la PGR, tramada no ayer ni en las últimas semanas sino desde los días en que se mantenía a salto de mata en Guatemala, fue urdida para venderlo como el ladrón que por supuesto es, y mostrar al gobierno de Enrique Peña Nieto ajeno a la corrupción.

Pudo entonces ser deportado por su ingreso ilegal a Guatemala pero EPN siguió la ruta de la extradición, limitando al gobierno yunista y su cúmulo de información sobre las trapacerías del ex gobernador de Veracruz.

Miguel Ángel Yunes Linares lo sigue y persigue desde antes de ser gobernador. Ha recolectado dentro y fuera de México  datos y cifras hasta elaborar el mapa del fraude, la red de prestanombres, la ruta de las operaciones financieras, el destino del dinero robado.

Sobre Duarte pesan las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación por el desvío de recursos federales; las que lo vinculaban con peculado, abuso de autoridad, o las que implicaban a sus peones.

A Karime Macías, su esposa, le resulta responsabilidad por el desvío de 150 millones de pesos en el DIF estatal.

Dice el abogado Gabriel Regino, aquel que fuera jefe policíaco en tiempos de Marcelo Ebrard al frente del gobierno del Distrito Federal, que en la PGR tuvo Javier Duarte su mejor defensa. Y que pudo ser acusado por peculado para obligarlo a devolver lo robado, pero no lo hizo. Y que el lavado de dinero no fuerza al acusado a resarcir el daño. Y que la variación del delito de delincuencia organizada a asociación delictuosa tuvo la intención de concederle los beneficios de una libertad anticipada. “De haberlo sentenciado por delincuencia organizada —precisa— tendría que purgar los nueve años de cárcel”.

Pero la PGR actuó a medias. Fue cómplice. La Fiscalía de Veracruz fue tibia. La PGR le suavizó la pinza. La Fiscalía de Veracruz enmudeció cuando debió hablar. Viendo la maniobra, la variación del delito, debió advertir la treta del gobierno peñista. Pero prefirió callar.

Cuentan hoy Yunes y el fiscal Jorge Winckler que así reduzca su condena Duarte, lo esperan otras denuncias. Y así seguirán. Sólo que aquello de la desaparición forzada, el peculado, otros delitos, ya no será tarea suya. Habrá que ver qué dice y qué hace Morena cuando llegue al poder.

Cuitláhuac García Jiménez, el futuro gobernador, no es enemigo de Javier Duarte. Tibio, terso, sólo imita las respuestas evasivas de su dueño, Andrés Manuel López Obrador. Si uno lo ve “chivo expiatorio”, el otro también. Si el Dios Peje categoriza el caso Duarte como un show, Cuitláhuac dice que es show. Si el Mesías de Morena acusa que todo es PRI-AN, Cuitláhuac sostiene que es un engaño del PRI-AN. ¿Dónde habrá extraviado el cerebro este señor?

Uno y otro, don AMLO y don Cui, se nutren en el duartismo. Sus votos, el 1 de julio, vienen de la operación de las rémoras de Fidel Herrera y Javier Duarte, los Héctor Yunes, los Cisne Silva, los Mota, las Tavas, las Porras.

Y en el centro del complicidad, la PGR y Peña Nieto.

Nueve años es nada. Y si no hay otros juicios, si AMLO lo deja pasar, en tres años volverá a reír.

Es el premio al ladrón.