Por Álvaro Delgado y Jesusa Cervantes/Proceso
El PAN puso hoy al descubierto una red de 57 funcionarios de los tres niveles de gobierno para beneficiar con el uso ilegal de recursos públicos al Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones de Veracruz, cuyo gobernador Javier Duarte es señalado como el responsable principal, junto con Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social (Sedesol).
Ante ello, el presidente de Acción Nacional, Gustavo Madero, informó que desde ayer se presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra los 57 funcionarios involucrados, y también se tramitará juicio político contra ellos, por lo que exigió al presidente Enrique Peña Nieto la remoción de Rosario Robles y del propio Duarte.
“El cártel rojo de Veracruz”, integrado por los 57 “ladrones de elecciones”, debe ser desactivado mediante la inmediata integración de la averiguación previa en la PGR y la destitución de los funcionarios involucrados, advirtió Madero, quien adelantó que esta “estructura paralela” al PRI en Veracruz se reproduce también en otros de los 14 estados donde este año habrá elecciones.
El dirigente leyó una carta que enviará hoy mismo a Peña Nieto para exigirle que actúe ante las evidencias y solicitarle que instruya al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que se reúna urgentemente con los presidentes de los partidos para discutir el tema.
“Cada día tenemos más evidencias de que en los 14 estados donde habrá elecciones este año se están utilizando estructuras, recursos y programas federales para impulsar a los candidatos del PRI. Es el caso de la Secretaría de Desarrollo Social encabezada por Rosario Robles y del gobierno del estado de Veracruz, encabezado por Javier Duarte, así como por muchos otros funcionarios, quienes utilizando fondos y recursos federales, estatales y locales, promueven a los candidatos de su partido”, dijo.
Añadió:
“Señor presidente Enrique Peña Nieto: Acción Nacional no permitirá que estas acciones continúen y por ello exigimos que su gobierno integre con rapidez y eficiencia la averiguación previa derivada de la denuncia penal que el día de ayer fue presentada en contra de funcionarios federales y estatales ante la Procuraduría General de la República. Exigimos que se separen de sus cargos, mientras se determinan sus responsabilidades mediante esta averiguación, tanto la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, como el propio gobernador del estado de Veracruz”.
Luego de que en conferencia de prensa se reprodujeron durante media hora audios y videos donde funcionarios y exfuncionarios federales, estatales y municipales detallan el uso de programas federales, estatales y municipales para beneficiar a los candidatos priistas, Madero también acusó al gobierno de Peña de atentar contra el Pacto por México con este comportamiento.
“Estamos haciendo un llamado a suspender la intervención directa de los gobernadores en los procesos electorales. El compromiso en el Pacto por México es separar la agenda electoral, siempre y cuando haya juego limpio, pero no vamos a dar un cheque en blanco”, subrayó Madero, quien insistió en que el PAN procederá contra Duarte y Robles.
“Para firmar el Pacto por México, los mismos personajes, pero para denunciar injerencias en procesos electorales, nuestro partido será contundente”, subrayó en la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por los coordinadores parlamentarios Ernesto Cordero y Luis Alberto Villarreal, así como por el veracruzano Miguel Ángel Yunes.
“Demandaremos juicio político en contra del gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, y de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, para que el Congreso de la Unión proceda a separarlos de sus cargos y a inhabilitarlos por violaciones graves a la Constitución y uso indebido de recursos públicos”, subrayó Madero.
Villarreal, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, anunció por su parte que el próximo lunes presentará la demanda de juicio político contra esos funcionarios que, según las evidencias, integran una “estructura paralela” al PRI por órdenes de Duarte.
En los audios y videos difundidos por el PAN se escucha y ve a quien es identificado como el coordinador del plan, Salvador Manzur, secretario de Finanzas del estado y alcalde con licencia de Boca del Río, que detalla el uso de los programas sociales para beneficiar al PRI.
No sólo se escucha en los audios la voz de Manzur, identificado como el “delfín” de Duarte para la gubernatura, sino la del exgobernador Fidel Herrera, quien en la grabación afirma que dejó un cargo en el servicio exterior para cumplir el encargo del PRI y de Duarte en Veracruz.
También se escucha cómo el hasta hace unos días secretario de Salud, Pablo Anaya, actual delegado del PRI en Boca del Río, da instrucciones de condicionar los programas sociales a cambio del voto a favor del Revolucionario Institucional.
Al respecto, Madero aseguró que estos funcionarios saben que violan la Constitución y la ley y por eso mantienen en secreto este plan, pero ahora que han sido descubiertos deben ser castigados.
“Son una organización para delinquir, son una delincuencia electoral organizada”, insistió el presidente del PAN, cuyo partido dio a conocer que los interesados sobre este asunto pueden acceder a la información en la página www.ladronesdeelecciones.mx.
Piden juicio político diputados panistas
Por su parte, la fracción del PAN en la Cámara de Diputados reiteró lo anunciado por Madero este miércoles.
En conferencia de prensa, la legisladora Beatriz Zavala advirtió que será el primer juicio político que demandarán contra un gobernador, aunque dejó en claro que la medida podría repetirse en caso de que otros mandatarios estatales actúen de la misma manera, es decir, explicó, que formen estructuras de funcionarios públicos para ofrecer programas federales a cambio del voto y de una participación electoral para un partido político.
Se espera que en la reunión de la Junta de Coordinación Política del próximo lunes 22, el coordinador de la fracción, Luis Villarreal, anuncie la propuesta para que esta solicitud de juicio político sea sometida al pleno un día después, el martes 23.
Durante la conferencia, la diputada Zavala dijo que para la Cruzada contra el Hambre –programa estrella del gobierno de Enrique Peña Nieto y el cual está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social–, únicamente se incluyó a los municipios en donde habrá elecciones en julio próximo.
Una prueba más de que el PRI está utilizando los programas sociales de manera electoral, añadió la panista, es que durante la sesión de este jueves, en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, se presentarán varios dictámenes en negativo en los cuales el PAN demandaba “transparentar los padrones de beneficiarios sociales e incluir un solo padrón de los programas federal y estatal. “También se quieren flexibilizar las reglas de operación del programa Oportunidades”, dijo.
En el PAN pedimos, dijo, que haya reglas de operación claras y que estos programas se eleven a política de estado para que no puedan ser cambiadas a favor de un gobierno en particular o de un partido político.
Hace dos semanas, la misma fracción del PAN denunció los gobernadores Duarte, Carlos Lozano de la Torre (Aguascalientes), César Duarte Jáquez (Chihuahua) y Roberto Borge (Quintana Roo) por interferir en los procesos electorales en sus respectivos estados. Incluso, la legisladora reveló que los delegados federales enviados a dichos estados por la Sedesol y la Comisión Nacional del Agua tienen más el perfil de “mapaches electorales” que de funcionarios del ramo.
Por otra parte, el pleno de Cámara aprobó hoy un llamado al gobierno federal para que todos los programas sociales se suspendan 45 días antes de los procesos electorales que se verificarán en 14 estados, aunque sólo en Baja California estará en juego la gubernatura.
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