Por Salvador Camarena/Opinión/El Financiero
La permanencia de Javier Duarte en el gobierno de Veracruz puede ser vista como un agravio de agravios. Ha sobrevivido a escándalos financieros, a denuncias por millonarios impagos a proveedores e instituciones, a desvíos de presupuestos destinados a seguridad. Sigue en el puesto a pesar de la violencia rampante y del ambiente de impunidad donde lo mismo desaparecen jóvenes a manos de policías, que se fugan al extranjero mirreyes acusados ante la Fiscalía -omisa durante casi un año- de haber violado a una menor de edad.
Agotada como está cualquier opción para que desde las instituciones del estado de Veracruz se hiciera juicio a Duarte, hubo quienes voltearon hacia el Ejecutivo federal en la esperanza de que desde el centro se hiciera algo para que el gobernador (es un decir) fuera obligado a dejar el puesto, y éste fuera ocupado por alguien que sí pudiera con el paquete.
Pero el centro hizo caso omiso y Duarte está ahí, campante, a pesar de sus múltiples crisis cuyo costo, cabe recordar, pagan principalmente los veracruzanos, que viven en la indefensión y que quedarán obligados a saldar las millonarias deudas que hereden del priista.
¿Por qué el Ejecutivo federal no hizo nada para destituir a Duarte? ¿Por qué el mandatario estatal pudo retener la chamba, incluso a sabiendas de que el propio PRI resultará dañado por el pésimo récord de su correligionario?
Se equivoca quien piense que Javier Duarte se pudo quedar porque han sido superados los tiempos en que el presidente de la República podía echar mano de supuestas facultades metaconstitucionales para quitar gobernadores.
Porque hay quien ha querido justificar la tolerancia ante los actos de Duarte, y de otros gobernadores de desempeño parecido, en un supuesto respeto a los órdenes de gobierno y a la ley. Es exactamente al revés.
Lo metaconstitucional es que el gobierno de la República se desentienda de la crisis en Veracruz. Al no ver como un problema de toda la Unión el negligente actuar de personajes como Duarte, el presidente falta a su juramento como titular del Ejecutivo federal.
Bien entrada como está la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, y a punto de celebrarse elecciones en las entidades de Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, entre otros polémicos gobernadores, es pertinente la pregunta de por qué el actual mandatario federal ha permitido en esos estados, por mencionar algunos, el accionar sin contrapeso de personajes que han sido denunciados por múltiples anomalías, que van desde escandalosos manejos financieros (como el depósito de ochenta mil millones de pesos del chihuahuense Duarte a una caja de ahorro de la que era en parte propietario), hasta los reiterados y probados ataques a la prensa por parte del mandatario de Quintana Roo.
Entre las muchas cosas que Peña Nieto ya no entendió, está la noción de que también era suya la responsabilidad de cuanto ocurre en los estados. Que presidir la nación incluye hacer valer su peso y poder para vigilar que se procuren y preserven las mínimas condiciones para el bienestar de los ciudadanos de todas las entidades. Que esa tarea la comparte con las autoridades locales. Que no puede, que nunca debió, desentenderse de los Duarte, de Borge…
En una palabra, que no por ganar una elección, un político tiene derecho a quedarse el periodo para el que resultó electo. Esa permanencia depende de su respeto a la ley y de su capacidad para constituirse en un factor de armonía y progreso. Permitir que alguien que no reúne eso retenga el puesto es, en efecto, darle poderes metaconstitucionales.
Editorial
