El Presidente electo afirma que el objetivo es combatir este flagelo en todos los niveles y órdenes de Gobierno, y hoy la dará a conocer
El presidente electo, Enrique Peña Nieto, materializará hoy lunes la iniciativa de reforma constitucional con miras a la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, la cual pretende combatir el flagelo en todos los niveles y órdenes de gobierno.
La iniciativa se presentará en un hotel de la zona de Polanco, en la Ciudad de México, y se entregará al Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, que a su vez la llevará ante el pleno de la Cámara Alta para iniciar el proceso legislativo.
En entrevista, Emilio Lozoya, Aurelio Nuño y Felipe Solís Acero, miembros del equipo de transición de Peña Nieto, dijeron que materializar la Comisión Nacional Anticorrupción implicará dos procesos legislativos que inician con la propuesta de reforma constitucional.
Ésta contempla la reforma a los artículos 21, 73, 102, 108, 109 y 116 constitucionales con el fin de dotar al Congreso de facultades expresas que le permitan legislar en la materia, establecer en la Constitución las facultades de la comisión, tocar el tema de responsabilidades de servidores públicos, romper con el monopolio de la acción penal y modificar la normatividad en relación a las entidades federativas.
Se pretende que la comisión tenga jurisdicción en los tres órdenes de Gobierno, así como en todos los poderes de la unión.
La intención es que a más tardar el 30 de noviembre, el Congreso apruebe las reformas constitucionales que permitirían la creación de la comisión para continuar con el proceso que corresponde a los congresos estatales y al inicio de 2013 iniciar con la segunda etapa legislativa que contempla la creación de una ley general que regule administrativamente al nuevo organismo que tendrá un carácter ciudadano.
Nuño y Lozoya sostienen que hay garantías para que la Comisión Nacional Anticorrupción no se convierta en un órgano perseguidor de adversarios del Gobierno Federal en turno, pues será un órgano autónomo, los comisionados trascenderán sexenios y tendrá carácter ciudadano.
“Creemos que el problema de la corrupción no sea un problema genéticamente en los mexicanos, creemos que se debe a un problema de diseño constitucional, de que no se le ha dado el énfasis o la prioridad política que debe tener.
Desaparece la SFP
La creación de la Comisión Nacional Anticorrupción contempla la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) con una respectiva reasignación de funciones, mantener los órganos internos de control, los cuales pasarían a depender de los organismos gubernamentales, y desaparecer, entre otros, las fiscalías especializadas en delitos cometidos por funcionarios públicos porque su función la absorbe la comisión, todo ello detallado en la normatividad primaria o secundaria, según sea el caso.
Se contempla que la comisión se conforme por cinco consejeros aprobados en el Senado de la República a propuesta del Ejecutivo federal. El periodo para cada uno de los consejeros está planteado para nueve años con un cambio escalonado. El presidente de la comisión, por ley, se propondrá que sea un abogado.
A esta figura anticorrupción se le pretende dotar de facultades para investigar, integrar expedientes y sancionar en materia administrativa, en materia penal o consignar el expediente correspondiente ante un juez si se comprueba un delito.
Se pretende cambiar la legislación para que existan los mismos parámetros en todo el País acerca de los delitos considerados corrupción y su prescripción.
El nivel de autonomía que se le busca dar a la comisión es para que cuente con total independencia de atraer un proceso de investigación, formar el expediente y, con una uniformidad en cuanto a la tipificación de delitos, pueda actuar.
«Creemos que el problema de la corrupción no sea un problema genéticamente en los mexicanos, creemos que se debe a un problema de diseño constitucional, de que no se le ha dado el énfasis o la prioridad política que debe tener”.
La iniciativa contempla la reforma a los artículos 21, 73, 102, 108, 109 y 116 constitucionales con el fin de dotar al Congreso de facultades expresas que le permitan legislar en la materia, establecer en la Constitución las facultades de la comisión, tocar el tema de responsabilidades de servidores públicos, romper con el monopolio de la acción penal y modificar la normatividad en relación a los Estados. (Periódico El Universal)
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