La Cámara de Diputados aprobó por 451 votos a favor y una abstención del PRD el dictamen de la minuta para que el Ministerio Público Federal pueda atraer delitos del fuero común cometidos contra periodistas y medios de comunicación.
El documento avalado por la asamblea subraya que cuando se cometa un delito de este tipo se aumentará hasta en un tercio la pena establecida y hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género.
En la argumentación del texto se menciona que las agravantes a las penas se establecen al reconocer que las agresiones a los periodistas tienen un impacto en el ejercicio generalizado de la libertad de información, cuyo fin es “acallar y silenciar” los mecanismos democráticos de expresión y de difusión hacia los ciudadanos.
El dictamen modifica el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal y es reglamentaria de la reforma constitucional al Artículo 73 que entró en vigor el 26 de junio de 2012.
Se establece que en delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el MPF podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos. Los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.
Esta facultad se ejercerá en los casos de delitos en los que se presuma su intención dolosa y cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias.
Cuando en la denuncia la víctima o el ofendido señale como presunto responsable a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal o existan indicios de su participación. Cuando se trate de delitos graves así calificados por la ley y cuando la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real.
Cuando lo solicite la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate.
Cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio al derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta, entre otras circunstancias. En cualquiera de los supuestos anteriores, la víctima u ofendido podrá solicitar al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción.
El documento señala que cuando la resolución niegue el ejercicio de la facultad de atracción, la víctima o el ofendido podrá interponer ante el procurador General de la República, recurso de reconsideración, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se le hubiere notificado.
Reconoce que los periodistas deben hacer frente no sólo a los intentos de censura o de ejercer influencia en su labor sino también a peligros físicos como el fuego cruzado, las amenazas, las agresiones o los intentos de agresión, los secuestros, la desaparición forzosa e incluso la muerte.
Los legisladores reconocen en el documento que los periodistas están siendo asesinados por “actores estatales y no estatales”. Otros han sido intimidados para que se autocensuren de manera que éstos se encuentran en una situación vulnerable y su integridad física y su vida pueden verse amenazadas.
En este tenor, dice, que debe reconocerse la solidez de las consideraciones, así como de las valoraciones jurídicas y materiales plasmadas en el dictamen aprobado por el Senado, las cuales, dicho sea de paso, son refrendadas por la Cámara de Diputados porque en ellas se da cuenta de la problemática actual por la que atraviesan los periodistas en el ejercicio de su loable labor.
Asimismo, el clima de violencia que ha colocado a nuestro país como uno de los Estados en donde es más peligroso ejercer la labor periodística; la urgencia de desarrollar la ley secundaria que permita efectivizar el mandato constitucional correspondiente.
A nombre de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, mencionó que el dictamen que fue aprobado es la suma de una serie de esfuerzos del Poder Legislativo para enfrentar la grave situación de riesgo que vive y que existe en el ejercicio del periodismo en México.
Estableció que los periodistas enfrentan una gran inseguridad con motivo de su profesión. “Los graves eventos de secuestro, desaparición, amenazas, asesinatos y agresiones a sus instalaciones, permanecen en gran parte en la impunidad.”
Reconoció que las investigaciones penales permanecen estancadas y hay un déficit de sanciones a los responsables. “Lo han señalado las organizaciones nacionales e internacionales, la libertad de expresión en México está en peligro.”
Resaltó que en esta ley se obliga a la autoridad federal a dar respuesta en 48 horas a la solicitud de atracción y se otorga a la víctima un recurso de reconsideración si la autoridad investigadora niega la solicitud.
Al fijar la postura del PRI, Vicario Portillo Martínez, estableció que deben detenerse los asesinatos y amenazas repetidamente sufridos por defensores de derechos y periodistas en México. Con estas nuevas facultades de la Procuraduría General de la república (PGR), enfatizó, esperamos que las autoridades federales no tengan ningún obstáculo para atender la violencia contra el gremio periodístico.
Esta reforma, aseveró, da un criterio legal y obligatorio a las acciones del Estado, a fin de evitar simulaciones ante este problema, como se han dado en ciertos estados con altos niveles de riesgo para los periodistas.
Indicó que se debe fortalecer la labor de los órganos para combatir la impunidad que reduce la seguridad, la esperanza y la certeza de los periodistas y medios de comunicación agredidos.
El fenómeno de autocensura en algunos medios, puntualizó, es una consecuencia de la inseguridad y la impunidad; y debería ser revertido, pues pone en riesgo la misma democracia y Estado de derecho.
A nombre del PAN, la legisladora Esther Quintana, hizo uso de la tribuna y señaló que es nuestro deber exigir las reformas de las disposiciones normativas que permita dar plena vigencia al derecho fundamental de la libre expresión, reconocido en el Artículo Sexto de la parte dogmática de nuestra Carta Magna.
Con la aprobación del proyecto de decreto se fortalecerá el marco jurídico nacional de una manera armónica, integral y sistemática, garantizando la seguridad y los derechos de todos los periodistas y de todos los ciudadanos.
Es una verdadera vergüenza para nuestro país, dijo, que el Instituto Internacional de la Prensa nos equipare con países tradicionalmente peligrosos para los periodistas como Paquistán, Somalia, Filipinas, Honduras y Brasil, entre otros.
“Es momento de poner el ejemplo contrario, mediante las modificaciones normativas que resulten necesarias para convertirnos en un país que no solamente reconozcan el derecho humano de la libertad de expresión y de prensa sino que también garantice plenamente su ejercicio libre y pacífico.”
Ruth Zavaleta, a nombre del Partido Verde, dijo que las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la PGR y el Código Penal Federal, le brindan a nuestros periodistas y medios de comunicación, la tranquilidad de estar amparados ante cualquier agresión derivada del cumplimiento de su trabajo y no sean vulnerados sus derechos y su integridad.
Rene Fujiwara Montelongo, al fijar la postura de Nueva Alianza, señaló que una sociedad informada representa la clave esencial para la protección de múltiples derechos individuales y también colectivos que caracterizan a los sistemas democráticos.
La libertad de expresión, dijo, permite formarse un criterio propio, y como consecuencia la posibilidad de expresar sus ideas y voluntad con mayores elementos de juicio.
Sin embargo, abundó, se ha llegado a niveles tan evidentes de intimidación que incluso se ha atentado en contra de sus instalaciones de trabajo, recordemos el caso del periódico “Mural” en Guadalajara, que fue blanco de ataques recientemente.
Sostuvo que los periodistas constituyen un eslabón imprescindible para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y libertades políticas, por lo que como legisladores tenemos la responsabilidad y obligación de salvaguardar su integridad a partir de herramientas jurídicas que desarrollen su profesión en un clima de libertad y de paz.
En los últimos años, nuestro país ha experimentado múltiples situaciones negativas a causa de una estrategia de seguridad que a todas luces fue equivocada. Debido a ésta, grupos fácticos han pretendido sustituir la gobernabilidad del Estado y han intentado intimidar al ciudadano en su diario vivir.
“Todos los que trabajan en los medios de comunicación son también víctimas de estos grupos, tan sólo de enero de 2005 a noviembre de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conoció de 658 quejas de comunicadores por violaciones a los derechos de seguridad jurídica, libertad, legalidad, integridad y seguridad personal”, externo.
Lamentablemente, dijo, la CNDH tiene registrados 82 homicidios y 18 desapariciones de comunicadores del año 2005 a 2012.
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