La transición energética es crucial para cumplir compromisos ambientales internacionales; lo recomendable es que el cambio hacia la descarbonización esté liderado por las estatales Pemex y CFE.
México se enfrenta a un desafío monumental: la transición energética. La necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se ha convertido en una prioridad global, y el país no está exento de esta presión. Con la industria automotriz y otros sectores clave como grandes fuentes de emisiones, la descarbonización se presenta como un imperativo tanto ambiental como económico.
Según el Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias (CIEP), llevar a cabo esta transformación requerirá una inversión estimada entre el 3.5% y el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional anual.
Expertos señalan que la participación activa de empresas estatales como Pemex y CFE es fundamental para liderar esta transformación. Además de su capacidad para establecer estándares en sus respectivos sectores, estas entidades tienen el potencial de impulsar la adopción de tecnologías limpias y fomentar la innovación en el país.
Pemex, históricamente centrada en la extracción y producción de petróleo, enfrenta retos significativos. Las reservas actuales de la empresa se agotarán en aproximadamente 12.4 años, lo que subraya la necesidad urgente de diversificar sus operaciones hacia energías más limpias como la geotermia, hidrógeno verde y biocombustibles.
Ricardo Cantú Calderón, del CIEP, destaca la importancia de una planificación detallada para asegurar la viabilidad económica de estas nuevas iniciativas, dado el impacto potencial en los ingresos generados por la empresa.
«Pemex menciona planes para la transición energética que incluyen la producción de hidrógeno verde, biocombustibles y captura de carbono. Sin embargo, aún falta una planificación detallada sobre los plazos, estrategias específicas y la sustitución de los ingresos provenientes del petróleo con estas nuevas fuentes de energía y oportunidades de negocio», comentó.
Por otro lado, CFE, responsable de la generación y distribución de electricidad en el país, enfrenta su propio conjunto de desafíos. A pesar de un avance en la generación de energía limpia, que representó el 24.3% del total el último año, la empresa aún está lejos de alcanzar su meta del 35% para 2023.
César Rivera de Jesús del CIEP destaca que la infraestructura de transmisión eléctrica ha visto un crecimiento mínimo, lo que limita la capacidad de expansión hacia fuentes renovables más eficientes.
«Las líneas de transmisión son fundamentales para llevar la energía a los centros de distribución y, eventualmente, a los hogares. Sin embargo, su expansión ha sido mínima. Este aspecto es relevante desde la perspectiva del sistema fiscal, ya que los ingresos de la CFE hasta 2023 han sido inferiores a sus gastos, debido principalmente a los costos asociados con la generación de electricidad, a pesar de los subsidios recibidos del gobierno federal”, dijo.
Por otro lado, más del 80% de los gastos de CFE en materia de generación han sido destinados a la utilización de combustibles fósiles.
La viabilidad financiera de estas transiciones también está en juego. Ambas empresas enfrentan presiones fiscales significativas y pasivos considerables en pensiones, que representan hasta el 5.6% del PIB. Alejandra Macías, directora del CIEP, subraya la necesidad urgente de reformas fiscales y de pensiones que optimicen los recursos y permitan a Pemex y CFE adaptarse eficazmente a las demandas de una economía energética en transformación.
«Las personas pueden pensionarse desde los 55 años si cumplen con 30 años de antigüedad, por lo tanto, estos aspectos deben ser discutidos, negociados y formar parte de una reforma integral que incluya pensiones, fiscalidad y transición energética», concluyó.
Editorial
