El gobierno de Veracruz no dio respuesta ante el crimen
Colectivos de mujeres de Veracruz y Puebla denunciaron el asesinato de otra mujer nahua en la sierra de Zongolica, el cual, pese a la brutalidad con que fue cometido, no generó una respuesta satisfactoria del gobierno de Veracruz ni ha recibido atención pública. «La situación de violencia que viven los indígenas de la sierra de Zongolica ha llegado a tal grado, que el 21 de mayo fue encontrado el cuerpo desnudo y sin vida de Adelaida Amayo Aguas, de 38 años, con señales de tortura. Su cuerpo mostraba un cinturón de hombre en el cuello, jirones de tela en la boca y cuatro cuchilladas en el cuerpo. Todos signos de extrema violencia.»
El Comité Ciudadano Rosario Ibarra, Mujeres Universitarias de Xalapa, Ciudadanas Veracruzanas Independientes y la Coordinadora Poblana de Mujeres de Organismos Civiles manifiestan que Adelaida Amayo Aguas, madre de cinco hijos, era integrante del Consejo Radiofónico Indígena Nahua y encargada de gestionar créditos para proyectos productivos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Los colectivos feministas «repudian categóricamente el veredicto de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV), el cual afirma que Ernestina no fue violada ni asesinada. Condenamos la actitud de Emeterio López Márquez, procurador general, y de Fidel Herrera Beltrán, gobernador del estado, quienes al dar por concluido el caso de violación tumultuaria, tortura y asesinato por militares, favorecieron la impunidad y el no ejercicio del imperio de la ley y del estado de derecho».
Herrera Beltrán, señalan, «ejerció su estrategia cómplice de aislamiento contra los familiares de Ernestina. Impidió un derecho fundamental de la víctima y de los agraviados, de acuerdo al artículo 21 constitucional. Es altamente preocupante que Herrera Beltrán se haya arrogado el papel de representante de la voluntad de los familiares de Ernestina, y que públicamente haya declarado que éstos firmaron de conformidad la decisión del no ejercicio de la acción penal y el cierre del caso».
Como documentó este diario, el 30 de abril, cuando se dio a conocer formalmente el fin de la investigación de la PGJV, los familiares de Ernestina fueron conducidos fuera de sus domicilios por agentes policiacos de Veracruz, y se les aisló de la prensa y las organizaciones de los derechos humanos. El 22 de mayo se agotó el plazo para que los familiares pudieran interponer el recurso de amparo.
«Se han negado derechos fundamentales al proceso legal. El sistema de justicia y el estado de derecho protegieron a los militares violadores y asesinos», agregan los organismos civiles, que consideran «indignante» que el titular de la desaparecida fiscalía especial para el caso, Juan Alatriste Gómez, declarara: «Se agotó el plazo jurídico para impugnar el fallo sobre la muerte de Ernestina y nadie presentó ningún recurso. Ya no hay recursos legales para reabrirlo, está totalmente cerrado. El expediente quedó archivado», afirmó el fiscal.(Tomado de La Jornada)
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