Ofensiva militar con fuerza letal, en cuatro estados del noreste del país
(Raymundo Riva Palacio /Periódicos La Razón y Eje Central)
Durante 20 días que terminaron este mes, el Ejército lanzó un blitz contra Los Zetas en cuatro estados del noreste del país, a donde fueron desplazados más de cuatro mil soldados en 722 vehículos y 23 aeronaves. La llamaron “Operación Lince Norte”, donde comandos militares detuvieron a 200 zetas, eliminaron a poco más de 10% y, sobre todo, capturaron o mataron a jefes del cártel en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí. “Fue un éxito la operación”, proclamó la Secretaría de la Defensa Nacional. Táctica y estratégicamente, es cierto.
El golpe fue brutal para la organización criminal que se formó con una treintena de desertores de los cuerpos especiales del Ejército. La operación inició a mediados de julio y fue una acción de pinzas que se fue centrando en los jefes de la banda. El 2 de agosto, la culminación militar del blitz, cayó abatido Jorge Luis de la Peña, jefe de Los Zetas en Nuevo Laredo, y fueron detenidos Valdemar Quintanilla Soriano, número dos en la estructura financiera, y su asistente José Guadalupe Yáñez Martínez en Saltillo, así como Rafael Salmerón Rodríguez, jefe en San Luis Potosí, y el responsable de administración en ese estado, José Ángel Zapata Pantoja.
Los Zetas perdieron en tres semanas una parte muy importante de su liderazgo e infraestructura logística y financiera, por lo que tuvieron que replegarse de manera urgente y buscaron refugio en Veracruz, donde habían vivido varios de sus jefes y mantenían una operación criminal unipolar. El repliegue de Zetas hacia el sur motivó otro tipo de operación militar combinada entre el Ejército y la Marina, que no formaba parte de ninguna planeación detallada como la “Operación Lince Norte”, de la cual no se rinden cuentas ni exige detenidos.
En paralelo al estrangulamiento militar en los estados del noreste, el cártel del Golfo aprovechó el momento de debilidad y vulnerabilidad de sus otrora viejos aliados zetas para sumarse a su cacería. Esto motivó que en las últimas semanas la zona centro del estado, en particular Xalapa, el puerto de Veracruz y el municipio connurbado de Boca del Río, explotara la violencia.
La última fue el domingo, cuando un enfrentamiento entre narcotraficantes rivales en Boca del Río, provocó que la Marina actuara en contra de ambos grupos, uno de los cuales hizo estallar una granada cerca del acuario veracruzano, para tratar inútilmente de distraer recursos que iban en su contra.
La batalla en Veracruz finalmente inició. Se contuvo durante casi dos años porque la fortaleza militar de Los Zetas impidieron que el cártel del Golfo, respaldado por sicarios de una facción de La Familia Michoacana y el cártel del Pacífico (antes de Sinaloa), pudieran doblegarlos. La “Operación Lince Norte” les proveyó una nueva coyuntura y los han perseguido en varios estados. Veracruz experimenta ahora lo que viven Tamaulipas y Nuevo León, principalmente, y que forma parte de una estrategia de guerra en el combate a los narcotraficantes que se caracteriza por la fuerza letal que se está empleando.
De acuerdo con información interna de las fuerzas de seguridad, la lucha contra los criminales está produciendo que mueran un promedio diario que oscila entre 10 y 15 delincuentes. No hay registro público de ello porque no hay información oficial sobre las bajas, y los medios están inhibidos de publicar ese tipo de información, ante el riesgo de verse involucrados, como varios periodistas de Notiver, en la vorágine de la violencia.
Tampoco hay reclamos de familiares que permitiría establecer rangos de muertos, heridos o detenidos, porque tampoco son mayoritariamente veracruzanos, sino que los cárteles están reforzando sus células con sicarios importados de distintos estados.
Igualmente, no existe registro de lo que sucede muchas veces en las calles veracruzanas porque durante varias operaciones de los comandos de Marina, las cámaras del C-4, el sistema de vigilancia urbana, es tomado por ellos. Esta iniciativa militar no es exclusiva de Veracruz, sino sucede en varias de las plazas del país donde los marinos tienen la responsabilidad primaria del combate a los narcotraficantes. En algunas entidades, el control del C-4 no es ocasional, sino permanente.
En Veracruz lleva el mando principal la Marina, que tiene una larga relación de colaboración con el gobierno estatal, y sobre la cual son también las represalias de los cárteles. Grupos presuntamente de Los Zetas, secuestraron a tres oficiales y a un cadete de la Marina como resultado de los golpes y eliminaciones que ha tenido el cártel en el estado en las últimas semanas.
Los comandos de la Marina, entrenados en Estados Unidos, son los principales cuerpos de élite que ha inyectado el gobierno federal a la guerra contra el narcotráfico. Con ellos no hay miramientos. Desde lo más alto de su mando militar, la lógica es acabar con los criminales de manera terminal. La Marina ya ha sido sujeta de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a las garantías individuales y porque son varios los casos donde días después de arrestos de presuntos delincuentes, aparecen muertos.
El Ejército, que había sido más cuidadoso en esa materia, se ha visto involucrado de manera creciente en incidentes violatorios de los derechos humanos, por lo cual también se encuentra bajo una vigilancia rigurosa de organismos nacionales e internacionales. La militarización de los cuerpos de seguridad pública en los estados ha contribuido al endurecimiento en las acciones locales contra los cárteles de la droga, y va en aumento.
Las autoridades insisten que la guerra es contra todos. Ciertamente, a todos combaten. Pero nadie puede dejar de notar que, parafraseando a George Orwell, todos son iguales pero hay unos más iguales que otros. En este caso, Los Zetas y sus derivaciones han pagado más alto el costo de desafiar y enfrentar al Estado.
Editorial
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