Por Salvador Camarena / La Feria / El Financiero
Señor presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Me dirijo a usted con una propuesta que creo que le va a gustar. ¿Cómo le caerían 2 mil 300 millones de pesos anuales que hoy no tiene presupuestados? Quizá con eso podría reponer lo que se cortó a estancias infantiles. O dedicarlos a otra cosa. ¿Que dónde están esos dineros? Fácil. Desaparezca la Auditoría Superior de la Federación. Paso a explicarme.
La actual ASF viene de aquellos años en que usted militaba en el PRD y se le pudo propinar al PRI el descalabro de 1997, cuando perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, los nuevos equilibrios políticos llevaron a que se discutiera con más seriedad el convertir a la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente del Legislativo, en un órgano que ya no fuera apéndice priista, sino verdadero fiscalizador de la manera en que se ejercía el Presupuesto.
Esas discusiones cuajaron al darse la primera alternancia, cuando con nuevas leyes sobre fiscalización y procedimientos más plurales para la designación de su titular, se nombró al primer auditor, es decir a Arturo González de Aragón. Cómo no recordar las pugnas entre González de Aragón y el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil, por la revisión del Fobaproa, donde el primero logró que se revisara el rescate bancario y restituyeran fondos que habían sido otorgados indebidamente.
Lo anterior se logró porque, se diga lo que se diga de esos tiempos que hoy se tachan de “negra noche neoliberal” (o algo parecido), la pluralidad en el Congreso de la Unión y algunos medios de comunicación críticos (que los ha habido siempre) respaldaron los esfuerzos de González de Aragón por tomarse en serio su chamba y no someterse al Ejecutivo.
Por la misma senda siguió –continúo con mi apretado resumen, presidente– Juan Manuel Portal, sustituto de González de Aragón. De los años de Portal, sin duda, la gente recordará que sus reportes hicieron posible reportajes y seguimientos periodísticos de múltiples irregularidades, entre ellos la llamada ‘estafa maestra’, sólo una de las muchas investigaciones periodísticas que los periodistas pudieron hacer a partir de los hallazgos anuales de la ASF, a la que por cierto cada vez se le dieron más atribuciones, entre ellas la de hacer investigaciones a partir de denuncias de ciudadanos.
Suena bonito, ¿verdad, presidente? Entonces, ¿de dónde la puntada de proponer que mejor se cierre algo que parecía funcionar? Precisamente por eso, presidente, porque parecía funcionar en el pasado, pero ahora hay serias dudas sobre si funcionará en el futuro.
Ocurre, presidente, que el nuevo auditor, David Colmenares, dice una cosa y hace otra muy distinta. Porque una cosa es que el miércoles el auditor, al presentar su informe de la Cuenta Pública 2017, diga que “entre mayor difusión exista de las acciones contra la corrupción, será menor la probabilidad de que ocurran actos irregulares. En este sentido la ASF reconoce la importancia de poner a disposición de la sociedad información útil, veraz y oportuna, derivada de la fiscalización superior, que permita a las personas erigirse en coadyuvantes en la vigilancia al ejercicio del poder público, así como disuadir la incidencia de conductas desviadas en las instituciones”; y otra muy distinta lo que se aprecia al revisar detalladamente el informe de marras.
En pocas palabras: en los anteriores informes, al reportarse una irregularidad la ASF exponía los nombres de las entidades mercantiles involucradas en los hechos investigados. Así, ciudadanos y periodistas podrían indagar por cuenta propia más sobre esas compañías señaladas, buscarlas en su localidad, revisar si no tenían reportes en el SAT, averiguar quiénes eran sus dueños, ver si se repetían en diferentes escándalos o estados, etcétera.
Pero ahora eso ya no podrá ocurrir: el auditor Colmenares ha dispuesto que los reportes sólo identifiquen a las entidades señaladas por alguna irregularidad como “Empresa 1”, “Empresa 2”, “Empresa 3”…
Un velo de opacidad que hace imposible el seguimiento por parte de los ciudadanos. Donde hasta hace meses se reportaban detalles, hoy quedan espacios en blanco, nombres genéricos, datos inútiles para la sociedad.
Suena a burla entonces que el auditor Colmenares declarase el miércoles que “los resultados que este informe contiene, además de exponer la vigilancia de los recursos públicos, aspiran a provocar en los ciudadanos un interés por asumir desde su trinchera un rol activo en el control del gasto a partir de dotarles de capacidad de exigencia basada en información”.
Presidente, va la idea completa: use su aplanadora legislativa y dele a la secretaria Irma Eréndira Sandoval toda la chamba de fiscalización. Ella feliz. Y cierre la ASF: tendrá 2 mil 300 millones de pesos anuales más, incluidos los ahorros en papeles de auditorías que ahora nada de nada le dicen a la sociedad.
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