Cada uno pagó 1.6 millones
Si consignan nadie la librará
Por Luis Velázquez/Escenarios
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Entre los trascendidos se asegura que once duartistas se ampararon ante un juez federal por si las dudas pudieran apañarlos.
Hay, incluso, quienes afirman que la lista negra la encabezan Fernando Charleston junior, Harry Grappa y Juan Manuel del Castillo, aun cuando ahí también están Antonio Gómez Pelegrín, Tomás Ruiz, Édgar Spinoso, Gabriel Deantes Ramos y Antonio Tarek Abdalá.
Según versiones, cada uno pagó un millón 600 mil pesos por el amparo, más la fianza, ante el juez de distrito.
Y aun cuando traen el amparo, en caso de que la Procuraduría General de Justicia de la nación, PGR, y a partir de las denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación, consignara, entonces, nadie podrá salvarse.
Con todo, en ellos late la esperanza de eludir la cárcel, y por eso mismo, están dispuestos a pagar lo necesario.
Y por tanto, han de tener su fondo revolvente listo para contratar a un buen litigante, especialista en derecho penal, para seguir libres.
Tal cual lo decía un maestro decano de la facultad de Leyes de la Universidad Veracruzana: el derecho penal sólo es para los ricos… que pueden defenderse, en tanto los pobres pobres son y son clientes asiduos de las cárceles.
Ya se verá el resultado.
Y se verá, porque en el imaginario social existe la presunción de que el destino tanto de Javier Duarte, JD, como de algunos de ellos estaría en Los Pinos, quien pronunciaría las últimas palabras.
Cárcel, aunque sea inocente, y/o la libertad, aunque sea culpable.
Y como por ahora el presidente de la república anda ocupado con Donald Trump, entonces, nada fácil sería que el góber tuitero y los suyos terminen el sexenio y se vayan tan campantes en medio de la impunidad, a pesar de las denuncias penales del góber electo en contra de todos.
Y más si el Fiscal dictaminara la inocencia de JD y de algunos de su equipo, dejando en lista de espera las denuncias de JD en contra de Miguel Ángel Yunes Linares.
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En caso de que de pronto todos sean declarados inocentes, vaya pitorreo se habrá desatado, y de paso, la credibilidad de las instituciones de justicia quedará en el fondo del precipicio.
Por una sola razón: son demasiadas, excesivas, las acusaciones de corrupción tanto de JD en contra del sucesor y su familia como del góber electo en contra de JD, su familia, la familia de su esposa y de parte del gabinete legal y ampliado del duartismo.
Y si a la vuelta de la esquina, luego de diciembre el góber tuitero y los suyos se van ilesos, y si los meses continúan y todo sigue igual, y si tampoco hay un dictamen de la Fiscalía ni de la PGR en el caso de Javier Duarte y Yunes Linares, entonces, la burla será mayúscula, incomparable con el peor reality-show.
Y más, como en el caso de JD, en que el Auditor Superior de la Federación, ASF, Juan Manuel del Portal, hasta en audiencia nacional con el periodista de Televisa, Carlos Loret de Mola, ha preconizado la cárcel.
Con todo, ya podrá el lector visualizar el gasto millonario que está costando a todos ellos la contratación de un litigante, como en el caso, por ejemplo, del ex gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés, quien tiene como abogado al panista Antonio Lozano Gracia, ex procurador de Justicia de la nación y socio del despacho jurídico de Diego Fernández de Cevallos.
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En la Fiscalía de Veracruz están manejando la siguiente tesis:
La ASF interpuso las denuncias penales en la PGR en contra de un montón de duartistas por irregularidades en el manejo de las participaciones y el subsidio federal en Veracruz.
Según la fama pública, algunos secretarios del gabinete duartista aplicaron la llamada “Operación licuadora” que consiste en desviar a otros programas y en otras regiones el dinero público para de tal forma tapar baches y cráteres económicos, financieros y administrativos que ellos mismos abrieron.
El dinero público estaría, digamos, aplicado en otros rubros y lo que, al mismo tiempo, han sido incapaces de demostrar.
De ser así, y aceptando sin conceder, entonces, la duda está en el origen de la fortuna que varios funcionarios y políticos ostentan de manera visible por más y más que algunos como Gabriel Deantes aseguren que su padre les heredó 39 millones de pesos.
Y/o como Arturo Bermúdez Zurita diga que sus bienes se deben a su salario oficial, a sus negocios lícitos y a los créditos bancarios.
Y/o como Harry Grappa alardeando de su holding turístico de siete negocios y de que tuvo el WorldTrade Center a sus órdenes, de tal forma que en todos los eventos sólo podían contratar sus servicios.
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El dicho popular es categórico cuando dice que el dinero ni la felicidad pueden ocultarse.
“El desorden administrativo, el caos financiero y la corrupción política” denunciada por el senador Pepe Yunes Zorrilla es manifiesto.
La cárcel para los políticos pillos y ladrones que solicitaran los siete candidatos a la gubernatura de Veracruz está fuera de duda.
La deuda inverosímil con los proveedores y prestadores de servicios y con la Universidad Veracruzana entre otras instituciones educativas y la retención de las participaciones federales a los presidentes municipales y el atraso cada mes en el pago a los pensionados y tantos otros rubros expresan posibles malos manejos.
Y si los duartistas están amparados y de pronto las dependencias federales y la Fiscalía de Veracruz salieran con su domingo siete, caray, todos juntos asestarían “puñalada trapera” a las llamadas instituciones.
De ser así, una vez más quedaría comprobado que robar y saquear el dinero público forma parte de la cultura política y nadie ha de sorprenderse, porque todos, la mayoría digamos, están igual de embarrados.
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