Por Ing. Carlos Álvarez Flores
Desde el 30 de junio de 1991 se instaló la Planta Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos de la Comisión Federal de Electricidad en el municipio de Tuxpan, Veracruz; precisamente a un costado de la boca del río donde descarga el gran caudal del Río Tuxpan al Golfo de México. Esta planta cuenta con seis generadores de vapor de 350 mega watts cada uno, que suman 2,100 megawatts de energía eléctrica. Esto lo convierte en el mayor generador de energía del país mediante un recurso no renovable (quema de combustóleo). El problema es que este combustóleo contiene actualmente 1.5 a 2 % (15,000 a 20,000 ppm=partes por millón) en peso de azufre. Esto significa que las emisiones de los gases de la combustión de este sucio combustible fósil denominado “combustóleo” generan aproximadamente unas 201,000 toneladas de ácido sulfúrico al año. Esto sucede por la interacción del gas trióxido de azufre (SO3) y el vapor de agua que emana de la misma termoeléctrica y también con el vapor de agua del aire en esa zona para provocar la “lluvia ácida” que cae continuamente alrededor de esta planta.
Para entender estas cifras, quiero decir que la norma europea para este tipo de emisiones solo permite un contenido máximo de 50 ppm de azufre en sus combustibles a partir del año 2005 y la Environmental Protection Agency de los norteamericanos a partir del año 2000, permite un máximo de 80 ppm de azufre en sus combustibles. Hace 15 años nuestro combustóleo contenía hasta 5 % en peso (50,000 ppm) de azufre. La nueva norma oficial mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, “Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental” tiene como límite máximo permisible para combustibles industriales líquidos, en su tabla No. 9 un máximo de 4.0 % (40,000 ppm) de azufre para combustóleo. Que es una cifra francamente mortífera. Y para demostrar con hechos lo tóxico de estas emisiones, quiero abordar el vergonzoso caso de la Termoeléctrica Adolfo López Mateos, que desde hace 21 años ha envenenado y liquidado el ecosistema lagunar de esa zona. Me refiero al ecosistema costero designado como Humedal Prioritario denominado Manglares y Humedales de Tuxpan que comprende una superficie de 6,870 hectáreas que tiene el registro 125 con fecha 2 de febrero de 2006, con el número 1602 como Sitio Ramsar ante de la Convención Ramsar, cuyo compromiso internacional es proteger y conservar estos valiosos ecosistemas costeros que son las lagunas con vegetación de manglar y que son los más productivos del planeta. Nos aportan servicios ambientales así como una importante actividad económica pesquera.
Los manglares son los mejores viveros y criaderos naturales de toda la pesca ribereña, que nos proveen camarón, ostión, jaiba y peces. Los manglares, junto con los arrecifes, son las mejores armas para contrarrestar los efectos del cambio climático que hoy nos afecta y también son excelentes sistemas de captura de Carbono (CO2). En este caso, para darnos idea de la importancia del problema, el ecosistema lagunar comprende la boca del río Tuxpan, la laguna de Tampamachoco, el estero de Tumilco y el estero Jácome. Hace 30 años este ecosistema generaba una producción pesquera de unas 15,000 toneladas anuales de camarón, ostión, jaiba y peces que beneficiaba a más de 150 pescadores de la Cooperativa de Producción Pesquera Tuxpan, Bienes y Servicios, S.C.L. de C.V. Hoy solo produce unas 500 toneladas anuales.
De este tamaño es el grave daño que esta planta termoeléctrica ha generado no solo con las emisiones de SO3, como ya lo describimos, sino que también ha estado descargando sus aguas residuales calientes, (efluentes de todos los procesos químicos y de limpieza que se realizan dentro de esta enorme generadora de energía eléctrica, que contienen diferentes metales pesados, como plomo, níquel, cadmio y hasta mercurio) al océano; sin embargo con las corrientes marinas costeras, estas aguas entran a la laguna de Tampamachoco con el consecuente daño al plancton y a la biota animal y vegetal de este ecosistema lagunar.
Esto causa que aquella producción pesquera equivalente a unos 1,500 millones de dólares anuales hoy ya no ingrese a la economía mexicana y se cancelen más de 500 empleos indirectos así como la manutención de más de 1,000 familias que viven de esta actividad pesquera. De manera que, haciendo un recuento de los daños que generó la Termoeléctrica Adolfo López Mateos de la CFE durante estos 21 años a este importante ecosistema lagunar por los impactos ambientales de sus emisiones al ambiente, de sus aguas residuales contaminadas con metales pesados y las altas temperaturas de dichas aguas, vemos con tristeza y coraje el resultado final: un cementerio de más de 70 hectáreas de manglar y una laguna muerta llena no solo de contaminantes químicos, sino de desgracias y frustraciones, de familias rotas de más de 100 pescadores que no tienen para comer. Y que gracias a la Termoeléctrica Adolfo López Mateos, han visto canceladas sus vidas, sus anhelos y su futuro.
Este caso es muy grave por la enorme destrucción del manglar, que está protegido por la norma oficial mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003 y el Artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre que a la letra dice:
“queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integridad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; su productividad natural; de su capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.”
Y las evidentes violaciones a las normas oficiales mexicanas NOM-085-SEMARNAT-1994, que regula las emisiones al ambiente, y NOM-001-SEMARNAT-1996, que regula las aguas residuales que son vertidas a cuerpos de agua como ríos, lagos, lagunas y el mismo océano, no son las únicas. También se está violando el compromiso del gobierno mexicano, hecho por la SEMARNAT ante el Convenio Ramsar, que obliga a la conservación y protección de estos importantes ecosistemas costeros. Todos estos hechos constituyen graves Delitos Ambientales Federales, señalados claramente en nuestro Código Penal Federal vigente, en sus Artículos 414, 415, 416 y 420 Bis.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la PROFEPA, es la responsable de la vigilancia del cumplimiento de la NOM-085-SEMARNAT-1994 de emisiones al ambiente y de la NOM-022-SEMARNAT-2003 de conservación y protección de los humedales costeros en zonas de manglar, y la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, es la responsable de vigilar el estricto cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 de aguas residuales que son vertidas a cuerpos de agua federales. Por otra parte, la SEMARNAT, a través de la Dirección General de Calidad de Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, es la encargada de dar seguimiento a los reportes que, obligatoriamente por Ley, tienen que presentar todas las industrias por medio de la Cédula de Operación Anual (COA) respecto de sus emisiones contaminantes; de tal manera que la autoridad disponga de todos los elementos para evaluar la correcta operación y funcionamiento de la planta industrial.
Con esto queda claro que, a pesar de contar con estos dos organismos y con suficientes leyes, normas oficiales mexicanas y reglamentos que nos obligan a proteger nuestros recursos naturales, la realidad de nuestra gestión ambiental es otra. Los pésimos resultados están a la vista. Este es el mejor ejemplo del fracaso de todas nuestras políticas ambientales, implementadas desde hace 23 años, en donde proteger nuestro medio ambiente es solo un buen deseo y un discurso oficial.
La jueza séptima de lo civil en el Estado de Veracruz Emma Villagómez Ordóñez, desde el 25 de noviembre de 2010, dictó sentencia en firme dentro del juicio 04/2005 en contra de la Comisión Federal de Electricidad que la obliga a la restauración, remediación y saneamiento de la Laguna de Tampamachoco mediante un programa a 20 años con un valor aproximado de 1,582 millones de pesos; y a casi 2 años de esa fecha la CFE no ha querido ejecutarla. No sabemos cuáles son las razones que tiene o dice tener para estar en desacato de un mandato judicial que puede restablecer gradualmente este valioso ecosistema costero y sobre todo regresarles a estos pescadores la esperanza de seguir viviendo.
Editorial
