Países desarrollados como EE.UU. o Reino Unido toman medidas para evitar el «apagón tecnológico», mientras España ignora los graves riesgos de estos fenómenos
Esta historia comienza en febrero de 2010, en las instalaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) en Boulder, Colorado. En esa fecha, la NASA y la Comisión Europea llevaron a cabo un simulacro de tormenta solar extrema para averiguar hasta qué punto ambos continentes estaban (o no) preparados para resistir a este violento fenómeno meteorológico espacial.
Los resultados fueron desesperanzadores. En efecto, se determinó que apenas cinco días después de detectarse la supuesta llamarada solar, extensas zonas de Europa y EE.UU sufrirían, sin remedio, un «apagón tecnológico» casi completo. Lo cual, en palabras llanas, suponía el fallo generalizado de las redes de telecomunicaciones y de las centrales energéticas. Y, por consiguiente, del suministro eléctrico en hogares e industria, lo que llevaría a su vez al colapso de los transportes (terrestres, aéreos y marítimos), de las redes de abastecimiento de las grandes ciudades (alimentos, combustible, medicinas…), e incluso del suminstro de agua en las grandes zonas urbanas. Una situación, para colmo, que podría llegar a durar dos largos años.
Pero lo peor de todo fue la constatación de que en ninguna de las dos orillas del Atlántico se habían destinado medios y recursos suficientes para hacer frente a este escenario potencialmente catastrófico.
El resultado del simulacro fue la elaboración de una larga lista de recomendaciones a los gobiernos. Desde la creación de protocolos de desconexión rápida de centrales eléctricas y redes de telecomunicaciones (para apagarlas antes de que llegara la tormenta) a campañas informativas de carácter masivo para la población, enumerando toda una serie de «medidas domésticas de urgencia» que cada familia debería de poner en práctica en caso de producirse la tan temida tormenta solar.
Hoy, dos años y medio después, un buen puñado de países han decidido tomar cartas en el asunto. Otros, sin embargo, como es el caso de España, que ni siquiera participó en el simulacro, han hecho oidos sordos y han aparcado el informe en el fondo de un cajón. Así, mientras que en EE.UU, Reino Unido, Portugal, Alemania, Holanda o Francia (por citar sólo algunos) se creaban comisiones parlamentarias de investigación y oficinas de atención al ciudadano especializadas, nuestro país decidió no hacer nada y mantenerse al margen de los esfuerzos internacionales.
En enero de este mismo año, por ejemplo, Barak Obama elevaba a rango de «amenaza nacional» a las tormentas solares al incluirlas en su ya famosa Directiva Nacional 8, que enumera uno por uno los 23 principales riesgos (tanto naturales como humanos) que podrían llevar a estados Unidos a una situación de «catástrofe nacional». La decisión, por supuesto, no se improvisó de un día para otro, sino que fue consecuencia de un informe del Departamento de Seguridad Nacional, que evaluó con detalle y durante meses cada uno de los riesgos potenciales antes de incluirlos en la lista final. La administración norteamericana, además, ha creado todo un nuevo sistema de Protección Civil, especialmente preparado para hacer frente a cualquiera de las posibles amenazas. Incluyendo una tormenta solar de grandes proporciones.
Otro ejemplo a destacar es el del Reino Unido. Apenas unos meses después del simulacro de tormenta solar (en noviembre de 2011), la cuestión llegaba hasta el mismísimo Comité de Defensa del Parlamento, donde fue debatida tras haber sido estudiada de forma exhaustiva durante varios meses. Entre otras medidas, el Comité decidió informar a la población de los riesgos y de las medidas a adoptar en las casas, como preparar reservas de agua embotellada y comida no perecedera para un mes. También acordó poner a punto una flota de vehículos capaces de resistir a un pulso electromagnético para garantizar los servicios públicos esenciales cuando se produjera la crisis.
Eyección de masa coronal del 7 de junio de 2011
Más recientemente, en marzo de este año, el gobierno británico actualizó su National Risk Register of Civil Emergencies para incluir expresamente «eventos de clima espacial» como las tormentas solares. Y lo que es más, cifraba las posibilidades de que se repita un «evento Carrington» (la mayor tormenta solar de la que tenemos noticia, sucedida en 1859) entre un 5% y un 50% para los próximos cinco años. Un riesgo realmente estremecedor, ya que cuando se produjo el evento Carrington las redes eléctricas estaban en su infancia y la sociedad no dependía aún por completo de la tecnología, los satélites y los ordenadores. En la actualidad, un fenómeno similar podría llevar a una catástrofe de enormes proporciones.
Pocos días antes otra investigación, elaborada por Predictive Science, una prestigiosa institución que provee de varios servicios a la NASA y a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, estimaba en un 12% las posibilidades de que se produzca un evento solar del tipo Carrington en los próximos siete años.
Sorprendentemente, y a pesar de la gravedad de los datos, España no se ha decidido aún a reaccionar. Y ello pese a las advertencias lanzadas desde la Asociación Española de Protección Civil para los Eventos Climáticos Severos, que ha solicitado ya en varias ocasiones la creación de comisiones parlamentarias para evaluar los riesgos y preparar, en lo posible, a una población que no sabría cómo reaccionar si finalmente la gran tormenta llegara a producirse.
La única excepción en nuestro país es la de Protección Civil de Extremadura, que en marzo publicó un «Decálogo de buenas prácticas. Tormenta solar severa: ¿Cómo prevenir?» en la que, basándose en las recomendaciones de los informes internacionales, explicaba a la población cómo debería comportarse si una fuerte tormenta solar llegara a afectar a las infraestructuras nacionales. Una simple gota de cordura en medio de una indiferencia (oficial) generalizada que podemos llegar a pagar muy cara.
Qué hacer en caso de tormenta solar
Existen dos categorías de actuaciones. Por un lado, los gobiernos deberán haber llevado a cabo campañas de información pública para que la población sepa cómo actuar. Y tendrán que tener preparados mapas de estimación de impacto y dispositivos de emergencia capaces de funcionar en un entorno en el que las comunicaciones están interrumpidas y el suministro energético se ha colapsado.
Para ello, por ejemplo, será necesaria una flota de vehículos capaces de funcionar incluso durante un pulso electromagnético (EMP). Las plantas nucleares deberán contar con una reserva de combustible para por lo meos tres meses. Y, por supuesto, deberá existir un plan de emergencia para aplicar en el caso de una caída generalizada y por tiempo prolongado de los suministros de gas y electricidad.
En cuanto a la población, se recomienda que antes de hacer nada estudie la situación en su casa y valore, por ejemplo, las posibilidades de que llegue o no ayuda del exterior, algo que depende de la situación geográfica. Todo hogar, además, debería de contar con algún metodo para potabilizar el agua, tener una cocinilla de gas (que no necesita electricidad) y contar con reservas de agua embotellada y alimentos no perecedeors suficientes para un mes. Lo mismo vale para las medicinas básicas. Se recomienda también disponer de algún tipo de identificación vidual y de una reserva de dinero en efectivo, ya que será imposible utilizar tarjetas u otros medios electrónicos de pago.
Editorial
