Por Andrés Rodríguez/El País
En Obrajes, una zona residencial de clase media-alta ubicada en el sur de La Paz, se encuentra Villa María, una antigua propiedad con más de 7.000 metros cuadrados de superficie. Desde 1956, los predios que antiguamente pertenecían a María Isaura Miranda, una anciana millonaria que al fallecer no dejó ningún heredero, se convirtieron en propiedad del Estado y se utilizan como centro penitenciario femenino. Dentro hay un edificio de estilo postcolonial. En la cerámica que adorna el piso se puede leer la leyenda que dice “Villa María 1915″. Los amplios y altos pasillos de esta construcción guían hacia una habitación de aproximadamente dos por cuatro metros. El drama de los indígenas hacinados en Bogotá
El espacio es estrecho y guarda dos estantes viejos, con al menos una centena de libros de diferentes épocas y géneros, además de un escritorio que sirve como espacio de trabajo para la responsable de educación del recinto penitenciario y como un intento de biblioteca donde la lectura de sus obras puede conceder cierto tipo de redención. El repositorio literario del Penal de Obrajes es uno de los 47 que forman parte del programa ‘Libros por rejas’, un proyecto que busca incentivar la lectura en instituciones penales del país andino-amazónico a cambio de reducir los tiempos de condena de los reclusos.
El programa, instaurado en 2019 e impulsado por la Defensoría del Pueblo junto al Estado boliviano, el ministerio de Educación y la administración de régimen penitenciario, busca combatir el hacinamiento carcelario y el uso excesivo de la detención preventiva en las prisiones y ofrecer alternativas para la reinserción social de las personas privadas de libertad. “A la fecha, Bolivia debe tener 165% de hacinamiento carcelario y una tasa de 65% de preventivos. Eso implica que las tareas de educación, de trabajo, de psicoterapia, entre otras, son casi de imposible desarrollo”, explica la defensora del pueblo, Nadia Cruz, a América Futura.
El funcionamiento y alcance del proyecto tiene como pilar la voluntad de los presos de leer. Estos eligen un libro de la biblioteca que tiene su centro penitenciario y, al acabar la obra, ya sea a través de una prueba escrita o un ensayo, el responsable del área pedagógica del recinto penitenciario puede determinar acreditar, a través de un certificado, una disminución de la pena, tomando en cuenta la formación o nivel educativo alcanzado por el participante. No pueden acceder al programa personas sentenciadas a la pena máxima en Bolivia, que equivale a 30 años de prisión sin derecho a indulto. “Los sitios más valorados por los privados de libertad son sus campos deportivos y sus bibliotecas. Ambas funcionan a motor por la dedicación, voluntad y el tiempo que le ponen ellos mismos”, explica Cruz.
Mildred Solís, de 43 años, se alegró cuando hace casi un año la Defensoría del Pueblo llegó al Penal de Obrajes con más de 200 libros para anunciar la implementación del programa. “Dije: ‘Por fin vamos a tener un espacio para separarnos un poco del encierro, para liberar la mente, soltar las ideas”, recuerda. Ahí comenzó su aventura literaria leyendo El exorcista, de William Peter Blatty, dice con una sonrisa pícara. Después continuó con Paula e Hija de la fortuna, de Isabel Allende. “Estoy leyendo ahora El mundo de Sofía, para completar La historia de filosofía, de Julián Marías”, agrega, con un dejo optimista, desde el pequeño ambiente que acoge las pocas obras disponibles para la lectura.
El balance que hace Cruz sobre los resultados del programa es positivo. Cuando Libros por rejas comenzó hace tres años contaba con 160 inscritos, aproximadamente. Actualmente hay 865 participantes, de los cuales un poco más del 50% ha culminado con la lectura de un libro. Es una cifra alentadora, considerando que, según una encuesta realizada por la empresa de investigación de mercados Ipsossobre los hábitos de lectura en el país dada a conocer en 2021, el 46% de los bolivianos no lee ni un libro al año. “Este programa tiene que crecer y sacar más productos. Nos ayuda a conocer más géneros literarios en cuanto a novelas, en cuanto a historia, a dramaturgia, obras de teatro”, afirma Idalia Torres, de 48 años, a quien todavía le quedan 12 años de sentencia en el Penal de Obrajes.
No todo es optimismo para Solís. La presa lamenta que las más de 200 obras que llegaron a Obrajes, como parte de un lote de 14.000 libros que se distribuyeron para el programa –entre donaciones de la sociedad civil y aportes del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado–, fueron quemadas en un intento de motín por parte de algunas de las reclusas. Afirma que era algo previsible debido a que no se cuenta con un espacio adecuado para la lectura. Torres, que ha leído casi cuatro libros desde que ingresó a la penitenciaría el pasado mes de abril, coincide con Solís: “Sería bueno que cada institución tanto pública como privada vea esta necesidad que tenemos nosotras las privadas de libertad de poder tener mucha más variedad en cuanto a bibliografía”.
El semblante del rostro de Solís cambia y denota tristeza. Recuerda cuando las personas a cargo de la seguridad del penal, al momento de controlar la limpieza en las habitaciones, encontraron cuatro libros bajo su almohada y le transfirieron a otro espacio con el argumento de que “no es normal que alguien tenga tantos libros”. “No tenemos estantería suficiente, tampoco tenemos mucho material literario. No hay mesas ni sillas para poder leer con tranquilidad. No se puede vivir así, no se puede leer así. Eran solo cuatro libros, de verdad necesitamos una biblioteca”, afirma impotente con lágrimas en el rostro.
R.Q., de 54 años, es otro de los beneficiarios de Libros por rejas. No tiene sentencia aún y se encuentra con detención preventiva desde hace tres años en la cárcel de San Pedro, un espacio mucho más hostil ubicado en el centro de la ciudad de La Paz. La cárcel acoge a 2.566 reos, pese a que cuenta con una capacidad para 400. Tras las paredes de esta fortaleza, autorregulada por los internos y delegados —líderes elegidos por los propios presos—, se esconde una pequeña biblioteca, un espacio cerrado con candado que solo se abre ocasionalmente para sacar algún libro o para impartir alguna clase. Esto debido al riesgo de robo de material o daños que se puedan causar.
Desde que se unió al proyecto, R.Q. ha leído Si me permiten hablar, biografía de Domitila Barrios de Chungara, destacada activista por los derechos de los mineros en Bolivia, así como otros títulos relacionados a la historia del país. “En cada lectura hacíamos nuestro resumen y hemos expuesto para cada uno de los 20 o 30 participantes. Hubo debate y análisis sobre diferentes aspectos que les ha gustado a los compañeros. Con este programa se prioriza el desarrollo de los privados de libertad y cómo podemos gestionar una reinserción a la sociedad con base en la educación”, afirma el reo desde la biblioteca del penal de San Pedro, rodeado de estantes donde se pueden divisar títulos como El conde de Montecristo o best-sellers modernos como Crepúsculo.
R.Q. dice que no es fácil mantener el hábito de lectura en San Pedro, ya que los espacios son limitados debido a la superpoblación dentro del penal, con un hacinamiento del 542%, según datos del ministerio de Justicia. Asimismo, como en la mayoría de centros penitenciarios en Bolivia, los presos deben desempeñar trabajos dentro de las instalaciones, ya sea para mantenerse dentro o para ayudar económicamente a sus familias en el exterior.
Desde la Defensoría del Pueblo saben que no es sencillo coordinar tareas con el Estado o con la administración de régimen penitenciario; y que hay aspectos logísticos, burocráticos y de comprensión acerca de la importancia de los procesos de educación para la reinserción que necesitan atención, pero que es un proceso en el que se intenta “mejorar constantemente”. “Hemos logrado que el ministerio de Educación y la dirección nacional de Régimen Penitenciario adopte a Libros por rejas como un programa parte del pilar de educación y que servidores públicos lo acepten sin hacer juicio del mismo”, precisa Cruz.
La defensora del pueblo considera que toda la problemática penitenciaria tiene como causa estructural la mala administración de justicia que existe en Bolivia. Cruz es de las que cree en darle una nueva mirada al sistema haciendo énfasis en el fortalecimiento de la justicia indígena originaria campesina, de la civil, laboral, entre otras, para que vayan tomando un rol más protagónico al momento de resolver los problemas de la población.
“Hay una estigmatización desde el propio Estado y de nuestra sociedad, particularmente en Bolivia, sobre las personas privadas de libertad. Entonces es necesario desde el Estado, desde la sociedad civil, pensar en las mujeres y hombres privados de libertad como seres humanos que requieren nuevas oportunidades, que son personas que necesitan continuar con sus proyectos de vida y ahí tenemos una labor todas y todos y es seguir aportando y apoyando para que eso suceda”, finaliza Cruz.
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