Por Yolanda Monge
Nueve meses después de que una turba de seguidores del entonces presidente Donald Trump asaltara el Capitolio de EE UU, la comisión diseñada para depurar responsabilidades y llegar “a la verdad” sobre lo sucedido en “uno de los días más oscuros vividos por el Congreso”, según las palabras que empleó la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, languidece. El motivo es, en gran medida, el obstruccionismo que ejerce el expresidente republicano en las labores de este órgano.
La comisión impulsada por Pelosi lucha contra el tiempo. Si el esfuerzo para que se constituyera fue titánico —tan solo dos republicanos forman parte de ella frente a 11 demócratas—, el calendario político venidero, con la amenaza de que los demócratas pierdan su mayoría en la Cámara en las próximas elecciones de medio mandato de noviembre de 2022, eleva al máximo la presión sobre sus miembros.
De llegar a esa fecha sin resultados, la famosa comisión conocida por el nombre de “selecta” (tiene menos atribuciones que una capaz de investigar y legislar) deberá ser autorizada por el nuevo Congreso que comenzará en 2023 para seguir operando. De ahí que el principal objetivo de Trump al desempolvar su estrategia de obstrucción sea frustrar los esfuerzos de la comisión el tiempo suficiente para dar paso a una nueva Cámara con mayoría republicana que permita que la investigación muera silenciosamente.
El mandato otorgado por Pelosi difícilmente puede decirse que sea bipartidista. Lo es desde el momento en que dos miembros del Partido Republicano rubrican sus decisiones, lo que costó a Liz Cheney y Adam Kinzinger el repudio de sus colegas de bancada. Pero a la vista de las encuestas, todo hace pensar que esa comisión tendría difícil renovar su misión con un Congreso de mayoría republicana. Según un sondeo del centro Pew publicado el mes pasado, la mayoría de los votantes republicanos consideran que se ha prestado demasiada atención al asalto al Capitolio, algo que coincide con lo que piensan los líderes del partido.
A finales de septiembre, cuatro de los hombres más leales a Donald Trump fueron llamados a declarar ante la comisión legislativa de investigación. La semana pasada, el influyente asesor de Trump, el radical Steve Bannon, anunciaba que no comparecería ante los miembros de esa junta. Los motivos y la estrategia son obvios: dilatar en el tiempo las pesquisas hasta que mueran por falta de acción. La razón que argumenta el fundador de Breitbart, medio de comunicación que fue fundamental para impulsar a Trump, es que está legitimado para no cooperar debido al privilegio ejecutivo que protege las comunicaciones del presidente con su equipo.
Ante la incomparecencia de Bannon, la comisión envió la semana pasada una carta al exasesor presidencial en la que rechazaba sus motivos para no cumplir con la citación y desestimaba su reclamación de privilegio ejecutivo. La comisión votó en la noche del martes de forma unánime a favor de declarar en desacato a Bannon. A los otros tres hombres fuertes de Trump llamados a declarar (Mark Meadows, jefe de Gabinete; el estratega digital de la Casa Blanca, Daniel Scavino; y Kashyap Patel, el jefe de asesores del ministro de Defensa Miller) se les ha pospuesto su testimonio a una fecha sin especificar.
Tras el informe favorable de la comisión que establece que Bannon ha cometido desacato, es el turno de la Cámara para que este jueves vote la decisión. A partir de ahí, el asunto se vuelve complejo. Los siguientes pasos quedan en manos del Departamento de Justicia. En todo caso, se trata más de una advertencia a navegantes que de llevar en realidad a Bannon ante la justicia, ya que ese proceso duraría años. Solo existen otros dos casos en los que se haya imputado a alguien por desacato al Congreso, y uno de ellos es de la época del macartismo, en los años cincuenta.
Con la pelota en la cancha del Departamento de Justicia, el fiscal general Merrick Garland debería pronunciarse. De lo contrario, estaría enviando el mensaje de que respalda la actuación de Trump. Lo mismo le sucede al Congreso si no da un golpe en la mesa y la comisión no hace cumplir sus propias citaciones, ya que ningún otro imputado cumpliría con ellas.
Mientras la política y la justicia siguen su lento curso, el calendario avanza y la fecha límite de enero de 2023, cuando un nuevo Congreso tenga que definirse sobre la comisión, está cada vez más cerca.
Por otra parte, un agente de policía del Capitolio se declaró ayer inocente de los cargos de obstrucción a la justicia en un evento relacionado con el asalto a la sede del poder legislativo de EE UU el pasado 6 de enero, según recoge la agencia Reuters.
Michael Riley, que sirvió en las fuerzas de la policía del Capitolio durante 25 años, es investigado por mandar mensajes por Facebook a simpatizantes de Trump que participaron en los disturbios para que eliminaran las publicaciones en las que se le veía a él dentro del Capitolio. Riley temía que pudiera ser perseguido judicialmente si esas imágenes se hacían públicas.
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