Por Regina Martínez
JALAPA, Ver., (apro).- El contralor general del estado, Iván López Fernández, advirtió que el gobierno de Javier Duarte no planea iniciar una investigación sobre el manejo de recursos públicos durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán.
El titular de la Contraloría General del estado manifestó que aunque colaboradores de los exmandatarios de Puebla y Oaxaca, Mario Marín y Ulises Ruiz, respectivamente, están en la cárcel acusados de enriquecimiento ilícito, en el caso de Veracruz, subrayó, «no es necesaria una investigación más profunda, debido a que en la revisión del proceso de entrega-recepción no hubo irregularidades».
Aseguró que hasta el momento la dependencia a su cargo no tiene quejas en este sentido, «ni tampoco alguna perspectiva que nos indique que no se hizo un correcto manejo de recursos» durante el gobierno de Herrera Beltrán.
Al encabezar el Foro sobre honestidad de los servidores públicos estatales en tiempos electorales, López Fernández insistió que no hay investigaciones abiertas contra exfuncionarios de la administración anterior.
El legislador panista Francisco Lara Arano consideró que el contralor veracruzano podría incurrir en incumplimiento de un deber legal, al deslindarse de realizar auditorías al gobierno de Herrera Beltrán.
La responsabilidad del contralor del estado, subrayó, es transparentar el uso y aplicación de los recursos públicos, y esto no quiere decir que con ello pretenda hacer una cacería de brujas, «sino simplemente cumplir con una responsabilidad: vigilar el buen uso del dinero de los veracruzanos».
Señaló que aun cuando el Órgano Superior de Fiscalización (Orfis) aseguró que «el último año de la administración de Fidel Herrera todo salió limpio», en virtud de que no encontró irregularidades en ninguna de las dependencias que causen daño patrimonial, la Contraloría del estado tiene la obligación de realizar sus propias auditorías en ese sentido.
El próximo lunes 30 será turnado al pleno del Congreso local el dictamen sobre el informe de resultados emitido por el Orfis en torno de las auditorías practicadas a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2010, el último de la administración de Fidel Herrera.
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