Por Ana Laura Magaloni Kerpel/Reforma
17 Feb. 2018
Dieciséis policías y tres ex mandos policiacos de la SSP de Veracruz fueron acusados de desaparición forzada. Es la primera vez, desde que inició la crisis de derechos humanos que se detonó durante el sexenio de Calderón, que se juzga a una autoridad por actos de esta gravedad. Los policías representan al Estado y cuando cometen actos criminales lo hacen a sabiendas de que ellos son la autoridad que en principio debería proteger a los ciudadanos.
Esta semana se celebró la audiencia oral en donde se vinculó a proceso penal a estos policías. En la audiencia se hizo pública la dimensión de las atrocidades que cometieron los acusados mientras Javier Duarte era gobernador de la entidad. Se expuso, por ejemplo, el caso de José Martínez, quien fue detenido por uno de los asacados y nunca más se supo nada de él. Dos días después de su detención, los policías contactaron a su esposa y la citaron en un Oxxo. La mujer acudió con su hijo de 10 meses y los subieron a la patrulla. En un paraje desierto, los policías violaron a la mujer y torturaron a su hijo con descargas eléctricas. Parece ser que este era el modus operandi de estos policías: desaparecer a los detenidos y después violar a la esposa y maltratar a los hijos.
En total a este grupo de policías se les acusa de 15 desapariciones forzadas. Las familias de los desaparecidos imploran que los policías revelen dónde están sus seres queridos. Lo más probable es que todos hayan muerto, pero las familias quieren recuperar sus cuerpos para poder procesar su duelo.
Este caso, espeluznante por donde se mire, forma una parte muy importante de la historia reciente de México que hemos querido ignorar o, en el mejor de los casos, restarle importancia. Las fosas clandestinas que han aparecido en tantas partes del país y la cantidad de personas desaparecidas en los últimos 12 años no tienen en la discusión pública y social la dimensión y relevancia que deberían tener. Estos casos contrastan, por ejemplo, con el peso social y mediático de los casos de corrupción. Es cierto, las desapariciones y las fosas clandestinas nos conectan con los horrores más sórdidos y grotescos de lo que sucede en nuestro país. Es muy incómodo emocionalmente hacernos cargo de ellos. Sin embargo, va a ser muy difícil recomponer la vida colectiva ignorando nuestros horrores. Los desaparecidos y las fosas clandestinas forman parte de un rompecabezas que nos ayudaría a entender por qué hemos ido perdiendo gradualmente la capacidad social e institucional de contener la violencia, y por qué el crimen en México no sólo aumenta, sino que también aumenta el grado de crueldad con el que se cometen los delitos. Cuando no hay una reacción social, mediática e institucional de la misma proporción a la gravedad de las conductas cometidas, perdemos la brújula axiológica de lo que es realmente inadmisible en una sociedad. La violencia y las atrocidades se normalizan y la sociedad se anestesia frente a ellas.
Me parece que los tribunales y su apertura a la ciudadanía y la prensa a través de las audiencias orales son un vehículo potente para catalizar la discusión social, moral y política de los desaparecidos. Los procesos judiciales sirven para conocer qué pasó y quiénes son los responsables. A través de los testimonios y las evidencias aportadas se construyen historias humanas concretas con todas sus complejidades. Aunque nos falta mucho por hacer para fortalecer el nuevo sistema de justicia penal, no se nos debe olvidar que este sistema bien implantado es clave para que exista un canal de comunicación entre el Estado y los ciudadanos, en donde se afirmen valores y se instalen nuevas simbologías. Es una buena noticia que ya exista un caso en donde la justicia esté mostrándonos qué tipo de tragedias componen las cifras de desaparecidos. Nos toca a la sociedad, la opinión pública y a los medios de comunicación darle la relevancia que merece este caso. Y ello pasa por sentirnos incómodos y quitarnos la anestesia para mirar lo que sucedió.
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