Durante su malogrado sexenio, el priista Javier Duarte de Ochoa saqueó a su antojo las arcas de Veracruz. La Auditoría Superior de la Federación lo acusó del desvío de 35 mil millones de pesos, un desfalco amparado por un “gobierno paralelo” integrado por tres círculos: el primero, conformado por una red de políticos priistas; el segundo, por familiares y amigos íntimos, y el tercero, por los empresarios y sus socios favoritos. Así lo documenta el periodista Arturo Ángel en su libro Duarte, el priista perfecto, de reciente aparición bajo el sello Grijalbo. Proceso reproduce fragmentos sustantivos del volumen con autorización de la editorial.
Por Arturo Ángel/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En el Veracruz de Javier Duarte se alternaban dos realidades. Una, la de la abundancia, en la que el gobernador podía enviar “un helicóptero por unas tortas” –aun cuando la hora de vuelo costara 25 mil pesos–, ir a un restaurante y pagar una cena de 300 mil pesos o rentar 15 suites de lujo en España, para un viaje de titulación, por módicos 15 millones de pesos. ¿Por qué no un bonito anillo para Karime?, sin importar que costara 120 mil… dólares. Había más dinero del que se podía gastar.
La otra, la de la carencia. No había recursos para pagarles a maestros, burócratas ni jubilados. Hubo que hacer sacrificios y quedarse con los fondos de los municipios. Lo de los desaparecidos, qué pena y qué desgracia, pero eso de tomarles muestras de ADN a los familiares es imposible, no alcanza. ¿Dinero para patrullas? Ni soñando. Además, se les debían 40 mil millones de pesos a los bancos.
En la realidad de la abundancia –en la que estaban instalados Duarte, sus amigos, familiares y excolaboradores, es decir, sus cómplices–, Veracruz era uno de los estados más seguros del país. Los Zetas habían desaparecido y los únicos delitos que se cometían eran robos de “frutsis y pingüinos”. El estado era sinónimo de libertad de expresión, todos podían decir lo que quisieran. ¿Que a veces asesinaran o desaparecieran a algunos reporteros? Ok… pero eran las “manzanas podridas del árbol”.
En la realidad de la carencia –la de todos los demás millones de veracruzanos–, los desaparecidos y los homicidios se contaban por centenares, aunque el gobierno manipulara las cifras y los cuerpos se escondieran bajo tierra, en fosas clandestinas, con todo y la complicidad de los policías. En efecto, cualquier ciudadano podía decir o publicar lo que quisiera, pero debía atenerse a las consecuencias. La libertad de expresión era una zona de riesgo.
En el mundo de Duarte –el que describió en su declaración patrimonial– ni él ni su esposa tenían propiedades en el extranjero y su único patrimonio eran dos casitas, una en Córdoba y otra en el centro del puerto. En el mundo de todos los demás, el matrimonio poseía un imperio inmobiliario que se extiende por 12 ciudades y supera los mil millones de pesos.
Ninguno de los ejemplos anteriores es una exageración o un invento. Son, eso sí, botones de muestra del Veracruz de Javier Duarte… el de los excesos. Su gobierno o, mejor dicho, su círculo de familiares, cómplices y amigos, gastaba de forma obscena mientras el estado se sumergía en la quiebra.
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Un exsecretario de Finanzas de la administración de Duarte explicó, bajo condición de anonimato, que en Veracruz había un “gobierno paralelo” compuesto por tres círculos, y que los integrantes de esos círculos fueron en buena medida corresponsables de la emergencia financiera y política en la que terminó sumergido el estado.
“Era como el infierno, pero de Duarte”, le dijo este reportero al exfuncionario, quien asintió y luego mostró algunos nombres sobre una hoja de papel.
El “gobierno paralelo” lo integraba la red de cómplices de Duarte, de la cual formaban parte figuras nacionales como José Murat y Enrique Jackson, y locales como Érick Lagos, Alberto Silva Ramos, Édgar Spinoso, Marco Antonio Aguilar Yunes, José Carvallo Delfín, Adolfo Mota, Noemí Guzmán, Antonio Tarek Abdalá, Vicente Benítez, Juan Manuel del Castillo, Ricardo Sandoval y Gabriel Deantes.
Otro de los grupos estaba formado por familiares y amigos íntimos. Ahí estaban Karime Macías y parte de su familia, como Brenda Tubilla. En este círculo también estaba su amigo y principal prestanombres, Moisés Mansur Cysneiros –presunto coordinador de los desvíos a través de una red de prestanombres, empresas fachada y abogados–, y los empresarios Jaime Porres Bueno y José Francisco García González –cuya esposa remodeló la hacienda El Faunito, adquirida vía prestanombres por el exgobernador.
El último grupo lo integraban los empresarios y socios favoritos de Duarte. Aquí se ubicaban, según el exfuncionario duartista, Rolando Reyes Kuri, agente aduanal; su hermano Javier García Kuri, que era un constructor contratista; Enrique Cházaro Mabarak, empresario gasero, fundador de Gas Mabarak S.A.; y Manolo Ruiz Falcón, arquitecto favorecido con proyectos. Todas estas personas se encontraban, por ejemplo, entre los invitados del exgobernador de Veracruz a la ya descrita Feria de Sevilla entre abril y mayo de 2014.
Aunque Javier Duarte está preso, las figuras clave que le ayudaron y se beneficiaron de las operaciones ilegales duermen tranquilos. El único de los ya mencionados que está acusado penalmente y con orden de aprehensión vigente –al menos hasta septiembre de este año–, es Moisés Mansur Cysneiros, autoexiliado en Canadá junto con su familia, en una ubicación ya conocida tanto por el actual gobierno de Veracruz como por la PGR.
(…) Quien no ha cooperado para nada con las autoridades, pero inexplicablemente no ha sido siquiera citada a declarar como testigo, es Karime Macías. Desde 2016 las autoridades federales y locales tienen pruebas de que ella participaba de forma activa en las operaciones de lavado de dinero y que gozaba ampliamente de las propiedades adquiridas con dichos recursos.
Luego de la detención y encarcelamiento de Duarte la presión pública sobre las autoridades se ha incrementado para que actúen sobre Karime Macías. El subprocurador de Delincuencia Organizada declaró a esta investigación, en una entrevista sostenida en agosto de 2017, que estaban esperando el “momento oportuno” para proceder. Por lo menos hasta principios de octubre de 2017 ese “momento oportuno” no se ha presentado.
(…) El velo de impunidad ha cubierto no sólo a Karime, sino también a sus familiares, quienes fungieron como prestanombres y se enriquecieron ilícitamente.
Entre los presuntos cómplices que colaboraron con Duarte en las operaciones irregulares merecen mención especial sus exfuncionarios. Entre todos ellos destaca el hoy diputado federal Antonio Tarek Abdalá Saad.
Como ya se ha mencionado fueron los propios excolaboradores del gobierno duartista los que identificaron a Tarek Abdalá como el principal operador de los desvíos de recursos a la red de empresas fantasma. Literalmente era quien autorizaba la salida del dinero y lo transfería. Luego los administradores de las distintas dependencias debían simular que las contrataban. Pero su papel no se limitaba a eso.
En su confesión ante un juez, Xóchitl Tress aseguró que Tarek Abdalá –por instrucción de Duarte– le entregó directamente dinero en efectivo para la adquisición de su residencia en un fraccionamiento de lujo en Boca del Río. También fue Tarek quien estuvo presente en las gestiones para que una empresa fantasma, de las creadas por el despacho del contador Víctor López Gachuz, cuya accionista era una militante de bajos recursos del PRI, simulara una transferencia de recursos para la adquisición de la referida propiedad.
Hay más. De acuerdo con los datos a los que este autor tuvo acceso, en más de 80% de las denuncias penales interpuestas por la ASF ante la PGR, Antonio Tarek Abdalá aparece como principal responsable en los dictámenes técnicos. ¿Y qué ha pasado con Tarek? Nada.
Gracias al voto de los diputados del PRI, el 27 de abril de 2017 el Congreso rechazó darle trámite a una solicitud de desafuero que había solicitado la Fiscalía de Veracruz, la cual pretendía acusar a Tarek de desvíos por un monto superior a 23 mil millones de pesos.
Pero el fuero constitucional mantiene a salvo a varios posibles involucrados en los hechos irregulares. Poco antes de 2015 algunos de los principales implicados acordaron que dejarían la administración de Duarte y que buscarían convertirse en diputados federales, ya fuera a través del PRI o de su aliado, el Partido Verde. Los que alcanzaron un escaño, y por ende el fuero, son Érick Lagos, Alberto Silva, Édgar Spinoso, Marco Antonio Aguilar Yunes, José Carvallo Delfín, Adolfo Mota, Noemí Guzmán y, claro, Antonio Tarek Abdalá.
Con excepción de Aguilar Yunes y Carvallo Delfín, los demás son exfuncionarios implicados –por lo menos por omisión– en múltiples pagos a compañías fantasma.
Otro personaje que ha librado la acción de la justicia es el hoy diputado local Vicente Benítez, también tesorero en la administración de Duarte. Él fue despedido del cargo luego del escándalo por el hallazgo de 25 millones de pesos del presupuesto de Veracruz, ocultos dentro de unas maletas en el aeropuerto de Toluca en 2012. Dicho traslado de dinero coincidía con la campaña electoral presidencial.
Benítez fue recontratado un año después como subsecretario de Desarrollo Social de Veracruz y fue responsable de anunciar un programa de tiendas comunitarias con precios preferenciales denominadas Adelante. Como se reveló en el reportaje Las empresas fantasma de Veracruz, esas tiendas nunca se pusieron en marcha, pero sí fueron usadas por la Secretaría de Desarrollo Social para firmar contratos con compañías fachada.
Al principio de la administración de Miguel Ángel Yunes se prometió que se procedería contra Benítez; sin embargo, a lo largo de 2017 no ha ocurrido nada. La razón que ofrece la Fiscalía de Veracruz para tal inacción legal es que las investigaciones en su contra fueron atraídas por la PGR. No obstante, este autor tiene información de fuentes directas que confirman que, por instrucción del propio Yunes, esas pesquisas fueron detenidas.
(…) El fuero del que gozan varios de los exfuncionarios del gobierno de Duarte concluirá en septiembre de 2018. Ése es un dato relevante para la justicia mexicana.
Todas las empresas fantasma utilizadas en el gobierno de Duarte estaban legalmente constituidas en el papel. Y en esta constitución la responsabilidad recae enteramente en un notario que certifica la existencia de las personas que se presentan como socios, las identifica y las compromete a que cumplan la función de las empresas que están constituyendo.
Las reformas de los últimos años en México y la preocupación por facilitar la apertura de negocios, combinadas con la evolución de los sistemas tecnológicos, permiten a los notarios, además, inscribir ante el SAT a las compañías que constituyen y obtener su clave RFC. Luego de esto la persona designada ante ese notario como representante legal de la compañía debe finiquitar el trámite ante Hacienda.
Las compañías fantasma que fueron evidenciadas en el mencionado reportaje fueron constituidas por un grupo de notarios que estaban ligados al propio exgobernador Javier Duarte, a su antecesor Fidel Herrera y al PRI.
Por citar algunos ejemplos de las personas involucradas está uno de los notarios involucrados, Francisco Montes de Oca López, militante del PRI y quien ha ocupado diversos puestos dentro del Comité Directivo Estatal de ese partido. Su hijo, Fernando Montes de Oca Zárate, también es priista y como notario avaló la creación de compañías fantasma; su notaría fue inaugurada por el exgobernador Fidel Herrera. Caso similar es el de Jorge Monreal Montes de Oca, quien recibió su notaría en 2010, último año del gobierno de Herrera.
Otro notario es Daniel Cordero Gálvez, que constituyó varias compañías fachada y en el gobierno de Duarte fue ratificado como titular de la notaría número 16. También Israel Ramos Mange, que avaló compañías fachada y es hijo de Raúl Ramos Vicarte, funcionario de la administración duartista que fue colocado al frente del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Veracruz.
Las investigaciones que el autor ha llevado a cabo confirmaron que éstos y otros notarios avalaron 22 compañías fachada, además de 350 creadas por el despacho del contador Víctor López Gachuz. Los notarios, sobre quienes no se ha procedido judicialmente, se escudan en el hecho de que no se le puede prohibir a nadie la constitución de una empresa, pues es un derecho ciudadano. Añaden que la verificación de los domicilios de las compañías le corresponde al SAT.
Al respecto, Aristóteles Núñez, exjefe del SAT, opinó distinto. Sostuvo que el notario, como representante social, tiene la obligación de ir más allá y no avalar la creación de una compañía cuando –como es el caso de Veracruz– las personas que se presentaban como socios claramente no eran empresarios, sino gente de bajos recursos, que incluso eran conducidos por otras personas.
(…) El extitular del SAT, que estuvo al frente de la indagatoria oficial que confirmó que empresas contratadas por el gobierno de Duarte eran, en efecto, fantasma, añadió: “Yo, como notario, tengo que dar fe pública de la constitución de una sociedad, pero también tengo que ver si la persona existe y ver si tiene las capacidades productivas, intelectuales, económicas y sociales para desempeñar las actividades que esa sociedad constituida pretende desempeñar. Si tiene la experiencia, si no lo están usando. La ley castiga prestanombres…
“Curiosamente esos notarios reciben sus autorizaciones al cierre de una administración, o al principio… y hay que decirlo, son los pagos por los compromisos que se crean.”
(…) Uno de los despachos que estuvo involucrado en la creación de una red de más de 350 compañías fantasma, como ya se detalló, fue el de GLG Asesores Empresariales, encabezado por el contador Víctor Manuel López Gachuz. Él y sus socios reclutaron un equipo de abogados que a su vez se valieron de personas de bajos recursos para constituir compañías fachada. La investigación del SAT derivó en que varios de esos empleados o accionistas de bajo nivel fueran acusados de delitos fiscales, aunque los principales responsables están impunes.
Este adelanto de libro se publicó el 17 de diciembre de 2017 en la edición 2146 de la revista Proceso.
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