* Costa Rica último lugar donde se le vio.
* Ministro de Seguridad lanza operativo para capturarlo y deportarlo a Veracruz.
Por Noemí Valdez/Notiver
“No permitiremos permanencia acá del exgobernador mexicano prófugo, Javier Duarte de Ochoa, buscado por corrupción y enriquecimiento ilícito”, así lo sentenció el ministro de Seguridad de Costa Rica, Gustavo Mata Vega.
Luego de que medios nacionales informaron de la presencia del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, prófugo de la justicia desde octubre pasado en su país, el encargado de la seguridad anunció que se implementarían operativos para localizarlo.
En un mensaje publicado en su red social de twitter el funcionario costarricense dijo que no se permitirá la permanencia del veracruzano.
Este viernes, de acuerdo con información difundida por el diario El Financiero, Duarte y su familia huyeron a Costa Rica con pasaportes falsos, y han utilizado casas rentadas e incluso hoteles de cinco estrellas para esquivar a la policía.
Sin especificar su fuente, el diario informó que agencias de seguridad mexicanas confirmaron que durante su fuga, ha estado en las capitales de Guatemala y Costa Rica, en donde fue detectado desde la semana pasada en las cercanías de una zona de lujo de San José.
El diario detalló que Duarte estaría en esa ciudad en donde Vicente Benítez ex tesorero y actual diputado loca posee varias propiedades.
De acuerdo al itinerario que se dio a conocer Javier Duarte viajó primero a la ciudad de Guatemala, a principios de noviembre, cuando ya había sido expulsado del PRI y se le perseguía para responder por el desvío millonario de recursos en Veracruz.
Por llamadas telefónicas a su familia, se le detectó en esa ciudad pero “ha sido hábil en moverse” a otras ciudades.
Y a finales de la semana pasada, agregó, fue detectado brevemente en el hotel Real Intercontinental, muy cerca de las tiendas más lujosas de San José.
Las autoridades de aquel país señalaron que ya investigan el paradero del veracruzano que de ser detenido, inmediatamente será puesto a disposición de las autoridades mexicanas para que responda por los delitos de lavado de dinero, desvío de recursos y peculado.
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