La corte salva a asesinos, secuestradores y terroristas
Francisco Garfias / Excelsior
Los promotores de la pena de muerte, incluido el PVEM, perdieron una decisiva batalla. El Congreso ya nos vacunó contra la posibilidad de que el Estado le quite la vida a asesinos y secuestradores que aterrorizan al país.
Las recientes modificaciones al artículo 1 de la Constitución, y la subsecuente decisión de la SCJN de que los jueces, federales o locales, se ajusten a los tratados internacionales, en materia de derechos humanos, imposibilitan la legalización de la pena máxima.
“El Tratado de San José, firmado por México, nos impide incorporar la pena de muerte a la legislación”, asegura el diputado Arturo Zamora, integrante de la Comisión de Justicia.
Zamora presentó ayer, ante la Comisión Permanente, una iniciativa para reformar el artículo 113 de la Constitución.
La propuesta propone eliminar las contradicciones derivadas de las modificaciones hechas al artículo primero. En su redacción actual, el artículo 113 subordina los tratados internacionales a la Carta Magna.
Otro caso que podría quedar sujeto a revisión es el de Florence Cassez. La ciudadana francesa que purga una pesada condena por secuestro.
Según el diputado del PRI, Cassez no fue puesta a disposición del Ministerio Público dentro de las 24 horas —como obliga la ley— “por el montaje que todos conocemos”. “El Tratado de San José dice que cualquier prueba que se obtenga de manera ilegal no tiene fuerza probatoria”, puntualizó el legislador.
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