Por Andrés Timoteo/ Texto Irreverente/Notiver
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN validó ayer la candidatura de la periodista Marijose Gamboa en el distrito de Veracruz Urbano. La fórmula electoral se mantiene incólume, Marijose es titular y la suplentes es Sonia Colorado y la confirmación de la misma era algo previsible si el partido quería ganar la demarcación. Ahora los porteños tendrán una abanderada de lujo en la que puedan confiar plenamente.
Al basurero se fueron las impugnaciones de los ‘panistas rojos’ que intentaron bloquear a la periodista a pedido del gobierno estatal. ¿Qué harán ahora los diputados Gabriela Ramírez, Francisco Gutiérrez de Velasco y el mapache Antonio Illescas?, ¿devolverán el dinero que les pagaron los priístas? Seguramente lo seguirán tomando como ‘adelanto’ para trabajar en contra de su partido en el distrito. Hay pruebas de ese plan y pronto se harán públicas.
EL CLAMOR
A diferencia de la campaña realizada en el 2010, la cual tuvo actos y propuestas similares al resto de los contendientes, hoy el panista Miguel Ángel Yunes Linares está dando un nuevo matiz a sus recorridos y encuentros con la ciudadanía: la sensibilidad ante el agobio del pueblo. Prueba de ello es la reunión que sostuvo ayer en Coatzacoalcos con familiares de personas desaparecidas. Así, Yunes Linares es el primero –y se espera que no sea el único- de los abanderados a la gubernatura que oye ese clamor y abre un espacio en su agenda para encontrarse con las personas que buscan a los ausentes.
La desaparición forzada, esa práctica en la que intervienen policías o funcionarios públicos y la desaparición cometida por el crimen organizada, sea el secuestro o el llamado “levantón”, son los flagelos más espantosos que han llevado a cientos de hogares a la pena y al luto incompleto –imperfecto, le llaman algunos estudiosos- pues no hay cuerpo que sepultar ni lugar para llorar la pérdida. Los participantes en el encuentro en Coatzacoalcos, externaron al candidato lo que ya han gritado en calles y plazas públicas: no hay atención del gobierno que encabeza Javier Duarte de Ochoa ni disposición para buscar a sus seres queridos ni mucho menos para aplicar la ley para castigar a los responsables de esas desapariciones.
La fiscalía estatal que encabeza el amateco Luis Ángel Bravo Contreras ha devenido en una oficina de archivo –a perpetuidad- de los expedientes de denuncias y de criminalización de las víctimas mientras que la Secretaría de Seguridad Pública, presidida por el defeño Arturo Bermúdez Zurita, se erigió como uno de los brazos armados de la delincuencia y sus policías se convirtieron en los secuestradores y asesinos de la población. Pruebas sobran: los jóvenes de Tierra Blanca, los de Papantla, los de Atoyac, los de Coatzacoalcos, los de Cosamaloapan, el cantante amateur Gibrán Martiz, y un largo etcétera.
En materia de seguridad pública, la administración de Duarte de Ochoa no solo es fallida sino cómplice de la criminalidad y de la ola de desapariciones, sobre todo de personas jóvenes. Por eso se requiere una sacudida en la estructura de procuración de justicia y de combate a la delincuencia y prevención del delito, y a eso se comprometió Yunes Linares cuya propuesta en este tema no tiene desperdicio, es innovadora y de ser aplicada sería la respuesta puntual al doloroso clamor de los veracruzanos.
De entrada propone crear una Unidad Especializada de Personas Desaparecidas con participación de los familiares y colectivos en la búsqueda de los ausentes, además de un Consejo Ciudadano –también con la intervención directa de los familiares de las víctimas – para efectuar recomendaciones a las autoridades sobre la búsqueda y localización de los ausentes. A la par impulsará mecanismos legales en la materia como es la Ley General de Victimas que de ser aprobada en el plano federal se homologará a nivel estatal y se procederá a crear el reglamento respectivo y se instituirá la Comisión Estatal de Atención a Víctimas que tendrá como objetivo velar por la reparación de daños por el delito de desaparición forzada.
Es cierto, la ausencia de una persona no se restañe sino con el regreso de la misma con vida pero el imperio del crimen que ha permitido la fidelidad en Veracruz hace lejana tan posibilidad, aun con lo doloroso que sea admitir dicho escenario. Entonces, lo que queda es buscar una reparación sea financiera sea simbólica o sea preventiva para que nunca más vuelva a ocurrir esa tragedia. Aquí es pertinente destacar que lo que Yunes Linares propone no es otra cosa que una especie de la llamada Justicia reparadora o restauradora, esa que se debe aplicar cuando se sale de un régimen autoritario y criminal donde desde las instituciones de gobierno de prohíjan las violaciones masivas a los derechos humanos.
Lo anterior incluye el apoyo psicológico a las víctimas y sus familiares, la documentación de caso por caso para conocer la verdad, entender lo que pasó y en su caso, alcanzar la reconciliación de la sociedad, y por supuesto el castigo ejemplar a los responsables de tales actos terroríficos, sea por participación directa o por omisión. De ahí la importancia del compromiso del abanderado de la alianza “Unidos para rescatar a Veracruz” para depurar las corporaciones policiacas, estatales y municipales y restructurar el esquema de la policía estatal.
En este punto es donde se requerirá una verdadera voluntad política para disolver la llamada Fuerza Civil convertida en un refugio de secuestradores, o por lo menos reconfigurarla, enviando a prisión a todos los que estén involucrados en la desaparición forzada de personas y a los que fueron sus jefes, empezando por Bermúdez Zurita. Además, es urgente que se sujete a investigación, inclusive física, a la Academia Estatal de Policías, localizada en el municipio de Emiliano Zapata, la cual ha devenido –según los enterados- en una cárcel clandestina, centro de tortura y lugar para desaparecer cadáveres de las víctimas.
La tarea no es fácil pero tampoco imposible, y se tiene que hacer. De ahí la importancia de los compromisos hechos por Yunes Linares con los familiares de personas desaparecidas. No solo acordar que el aparato estatal se abocará a su búsqueda y localización sino que se tomarán medidas institucionales para evitar que se repita esa página negra en la historia de Veracruz y que no se dejará sin castigo a los que fueron responsables o cómplices de ese delito. Duarte, Bermúdez y Bravo Contreras tendrán que ser llevados a los tribunales.
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