Por Andrés Timoteo/Texto Irreverente/Notiver
Acorralado por los hechos, el priista Héctor Yunes Landa hace malabares verbales para tratar de justificar lo injustificable. Ayer, al registrar su candidatura ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Jalapa, los compañeros de la prensa lo cuestionaron sobre su padre, César Yunes Faisal y sus dos hermanos, Rafael y César Yunes Landa quienes han cobrado sueldos indebidamente en el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX) y aparentemente engañaron al gobierno federal para que les facilitara permisos para portar armas de fuego. Negó todo. Dijo que no son ‘aviadores’, que no han recibido dinero del erario ni permisos amañados para portar pistolas pero la realidad lo abofetea: no pudo explicar por qué aparecen los tres en uniforme del IPAX. Yunes Landa cantinfleó y se le enredó la lengua tratando de justificar tal irregularidad. Sostuvo que las fotografías de su parentela en uniforme policiaco fue para obtener los permisos de cargar las pistolas. O sea, aceptó que lo hicieron y con ello cometieron un delito –o tal vez llevan años cometiéndolo si se atiende a lo que argumentó-. Es verdad que la Constitución Política del país permite que particulares tengan una licencia para adquirir y conservar armas de fuego pero no exige que porten uniformes policiacos para dicho permiso, solo a los que pertenecen a instituciones de gobierno civil o las fuerzas armadas. De acuerdo al artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares (personas físicas) que desean obtener una licencia para la portación de armas de fuego deben cumplir una serie de requisitos. “Tener un modo honesto de vivir; haber cumplido con el Servicio Militar Nacional; no tener impedimento físico o mental para el manejo de armas; no haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas; no consumir drogas, enervantes o psicotrópicos; acreditar, a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la necesidad para portar las armas por la naturaleza de su ocupación o empleo, las circunstancias de lugar en que viva o cualquier otro motivo justificado”. «También podrán expedirse licencias particulares, por una o varias armas, para actividades deportivas , de tiro o cacería, solo si los interesados son miembros de algún club o asociación registrados y cumplan con los requisitos señalados en los primeros cinco incisos de esta fracción (los que tienen que ver con el modo honesto de vivir, comprobar salud mental y no tener antecedentes penales)”. Hasta ahí no menciona nada de tomarse fotografías vistiendo el uniforme de una corporación policíaca. Sin embargo, en el artículo 29 se establece que también existen las “licencias oficiales” para la portación de armas y estas pueden ser “individuales”, las cuales “se expedirán a quienes desempeñen cargos o empleos en la Federación o en las Entidades Federativas, que para el cumplimiento de sus obligaciones requieran, en opinión de la autoridad competente, la portación de armas” . Ahí sí aplica que los tres Yunes Landa se hayan tomado fotografías portando el uniforme del IPAX pues fingieron ser policías auxiliares, con la debida complicidad -claro- de la institución. El mismo Héctor Yunes confirmó, a pregunta de los reporteros jalapeños, que su padre y hermanos se vistieron de agentes para tramitar una solicitud de armas de fuego “como lo han hecho muchos años…durante más de 37 años”. Entonces los señores llevan tiempo engañando a las autoridades federales, casi cuatro décadas en las que han recurrido a ese tipo de estratagemas para cargar una fusca en la cintura. Por cierto, es interesante lo que plantea el artículo 31 de esa misma ley que mandata la cancelación de la licencia para la portación de armas de fuego y el castigo para quienes la tramitaron «cuando la expedición se haya basado en engaño». Es decir, si ese fue el modo de operación de los Yunes Landa para cargar pistola, ya sea durante más de treinta años o en la intentona reciente para hacerse pasar por policías del IPAX, entones delinquieron y es necesaria una investigación del ministerio público federal porque engañaron a la Secretaría de Gobernación, la encargada de expedir los permisos y a la Sedena, responsable de revisar el tipo de armas y su correcta reglamentación. La opinión pública debe tener muy en cuenta que lo que hicieron los Yunes Landa fue un delito grave al intentar obtener una licencia disfrazándose de policías, además de ser «aviadores» del IPAX, pues la sospecha es justificada. No se trata de ataques personales ni de «fuego amigo» ni golpes electorales. No, por más que el priísta Héctor Yunes Landa pretenda victimizarse junto con su familia y se niegue a dar una explicación coherente y apegada a la verdad, está obligado a hacerlo. No puede evadir ese punto y debe aclarar esos presuntos actos de corrupción. Yunes Landa se asume ofendido, acusa que todo es una «trampa» por ser candidato a la gubernatura e intenta poner punto final al tema, aduciendo que no hablará más del mismo. ¡Qué salida tan fácil! No se trata de que la ley se cumpla a contentillo y que la prensa calle – lo que no le ayuda a Veracruz, al contrario- solo porque él lo dice. No y Yunes Landa tiene la obligación, se repite, de poner a disposición de las autoridades y de la opinión pública toda la documentación referente a los permisos para portar armas de fuego que su progenitor y sus dos hermanos han tenido durante 37 años, además de pedir que se hagan públicas las nóminas del IPAX.
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