Por Sin embargo / De Revista, México, TIEMPO REAL, Último minuto
La exhumación de cadáveres en el rancho “El diamante”, de Tres Valles, concluyó la madrugada del 18 de junio. Para cuando todos los elementos que participaron –estresados y con miedo– se habían retirado, los cuerpos ya estaban en Servicio Médico Forense de Cosamaloapan, a unos 40 kilómetros.
A esas horas comenzó a emanar el olor a carne putrefacta que se metió hasta el alma de cada uno de los habitantes de Cosamaloapan. Una pestilencia más madrugadora que los carritos y triciclos voceadores de El Piñero de la Cuenca (el diario líder en la zona), pues por esa podredumbre las personas con familiares desaparecidos sabían que debían marchar al Servicio Médico Forense (Semefo).
Pero la orden fue determinante: “los cadáveres no se podían quedar allí”. No cabían y, además, “sería más complicado controlar a los familiares que llegaran en busca de informes”, bajo anonimato, cuenta un funcionario cercano al caso y deja entrever que para esos restos humanos había otros planes, menos el de darlos a conocer.
Por eso los trasladaron de Cosamaloapan a Xalapa, donde sería más fácil ocultarlos, como se ha hecho con otras masacres.
En Cosamaloapan sólo se quedaron los más frescos y que habían salido primero, los de Rosalía Valerio Díaz, “La bailarina”, sus tres hijos, un sobrino y su pareja sentimental, que habían sido sustraídos con violencia el pasado 13 de junio, en Tres Valles.
Versiones de los testigos indicaron que, por poner resistencia y tratar de huir, los sicarios dieron muerte allí mismo a la pareja sentimental de “La bailarina”. Tomaron en vilo el cuerpo del hombre chorreante de sangre y se lo llevaron junto con los otros “levantados”.
Después del reclamo de esos cuerpos, unidades especiales de periciales, con refrigeración y demás equipamiento, salieron de Cosamaloapan rumbo a Xalapa para seguir el plan de esconder los restos con la intensión de no opacar el evento de veleros internacionales que encabezaría desde temprana hora, ese mismo día, el Gobernador Javier Duarte de Ochoa y el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Francisco Vidal Soberón.
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El plan de ocultar los cuerpos creció para no opacar el evento de Duarte.
A las 10:30 pm del 17 de junio la noticia estaba más que confirmaba. El último cierre aportaba 28 cadáveres y seguían buscando. Finalmente la cifra oficial quedó en 31.
Desde esa hora, hasta la mañana del 18, ningún enlace del Poder Ejecutivo contestaba alertas al radio, llamados al celular, mensajes de texto ni whatsapp. No apagaron los dispositivos simplemente no contestaban. No querían dar el “sí” o el “no”.
Incluso, el vocero Alberto Silva Ramos, personaje activo en las redes sociales, se borró del ciberespacio, y su celular, ese que siempre ofrece para contestarlo “a la hora que sea”, cuando por vez primera se le necesitaba para honrar el trabajo informativo mandaba a buzón.
La mañana del 18 de junio se corría la versión: “Desde la Coordinación de Comunicación Social (Consocial) están llamando a los jefes de los corresponsales nacionales. Que no crean la versión del cementerio clandestino. El gobierno sólo va reconocer seis muertos en un comunicado”, contó un reportero a quien su jefe casi despide por pretender venderle la noticia.
Los seis miembros de la familia de Tres Valles ya habían sido reclamados. Sus deudos, que no son de Veracruz, les recogieron con prestancia pues, como eran los más recientes, aún los buscaban en agencias del Ministerio Público (MP), Semefo y cárceles.
La operación para minimizar el hecho, por lo menos en diarios nacionales, resultó exitosa. En las ediciones del 19 de junio la nota de la peor masacre en la memoria inmediata de Veracruz no figuraba en portadas; eso sí, en interiores, gacetillas de Javier Duarte con el Jefe de la Marina y los veleros, entre ellos, El Esmeralda, de la Marina de Chile, irónicamente, con un pasado funesto al haber sido escenario de tortura y muerte de cinco sacerdotes opositores al régimen de Augusto Pinochet, y decenas de personas más por cuya borda fueron lanzadas a los tiburones.
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Antes de las ocho de la mañana del 18 de junio, Rosa María Hernández Espejo, desde su programa radiofónico, conseguía la primera versión oficial sobre el cementerio clandestino de Tres Valles.
El entonces Subprocurador de la zona en Veracruz-puerto, Arturo Herrera Cantillo, palabras más, palabras menos, reconoció haber mandado personal de su jurisdicción a “El diamante”, pues no se daban abasto con la exhumación.
Herrera Cantillo aportó lo que tenía hasta el último corte de la noche del 17 de junio de parte de sus subalternos: 28 cuerpos y un cementerio clandestino.
Además, pidió a los ciudadanos de la región, con familiares desaparecidos, acudir a las instalaciones del Semefo para el proceso de identificación.
Minutos después, declaró lo mismo a la estación de radio XEU. Cuestión de minutos para que la noticia se posicionara entre las populares de las agencias internacionales.
El mismo 18, casi al anochecer, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la nueva, la de Luis Ángel Bravo, emitió el comunicado 3731, en donde sólo se indica que “continúan las investigaciones relacionadas con el hallazgo de una fosa clandestina”; pero no se menciona el total de muertos, menos la cifra que ya había indicado Herrera Cantillo.
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Cómo no voy a entender el dolor de las madres, si lo viví en carne propia, dijo el ex subprocurador Arturo Herrera.
Cómo no voy a entender el dolor de las madres, si lo viví en carne propia, dijo el ex Subprocurador Arturo Herrera.
No tenía mucho de haber tomado posesión del cargo, apenas el 30 de marzo de este año. Arturo Herrera Cantillo caminaba por el zócalo de Veracruz cuando fue divisado por los reporteros.
“Señor, una entrevista”, lanzó una reportera. Herrera Cantillo lo pensó. Se rascó la cabeza. Miró para los lados y se jaló a los reporteros a la sombra. Traía el reproche a flor de labios: “Estoy indignado por la forma en que una compañera de ustedes me golpeó en su columna”.
No era para menos. Le cuestionaban no entender el dolor de las madres que pedían resultados por sus hijos desaparecidos.
Los argumentos de Cantillo no cuajaban. La mayor parte de quienes le entrevistaban no lo conocían ni sabían de su pasado inmediato. Se le quebró la voz y lo tuvo que remarcar: “¡Cómo no voy a entender el dolor de una madre que busca a su hijo, si yo lo viví en carne propia!”.
En septiembre de 2011, Jorge Herrera Turrent, de 21 años, hijo del ex subprocurador, participaba en una fiesta al interior del lujoso condominio JV en el fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río, Veracruz. Perdió el equilibrio y cayó de una altura de 24 pisos. Su cadáver fue reconocido y reclamado por el afamado abogado, maestro de generaciones, incluida la de Luis Ángel Bravo, Procurador de Justicia del estado. Ese día, durante el levantamiento, Cantillo no se quebró.
Pero en ese encuentro con la prensa, a la sazón de una feria de la SSP en el zócalo de la ciudad, Cantillo dejó rodar lágrimas por las mejillas. De verlo argumentando en medio del llanto, a los periodistas no les quedó de otra. Apagaron sus aparatos, las cámaras y lloraron con él.
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No es la primera vez que el gobierno duartista intenta esconder cadáveres.
El 7 de octubre de 2011, 20 días después de la masacre de Plaza Américas –donde el Cártel de Jalisco Nueva Generación abandonó los cuerpos de 35 presuntos zetas– aparecieron tres casas de seguridad llenas de gente muerta.
En dos domicilios, una en Jardines de Mocambo y otra en Costa Verde aparecieron 28 personas ajusticiadas. Los maleantes, sabedores de que el gobierno duartista hacía todo a su alcance para esconder las huellas de sus ajustes –al mismo tiempo, los procuradores de todo el país y Marisela Morales Ibáñez, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), se reunían en un hotel cercano– colocaron los cadáveres en las azoteas, de tal forma que los detectara el helicóptero de la Marina en uno de sus constantes patrullajes aéreos.
Mediante varios comunicados, el gobierno de Duarte, a lo largo de ese día, se dedicó a desmentir el hallazgo. Fueron al menos tres los boletines emitidos en ese entonces por la ex vocera, Gina Domínguez, para negar lo que informaban algunos portales de internet y que ya era retomado por medios nacionales.
A las 10 de la noche, en su noticiero estelar Joaquín López-Dóriga, en base a un comunicado de la Marina Armada de México, confirmó la masacre de las casas de Costa Verde y Jardines de Mocambo.
Al gobierno de Veracruz no le quedó de otra y reculó con el argumento de que “las investigaciones estaban en marcha y no había elementos para informar”.
El 5 de enero de 2012, en la víspera de la primera visita de Enrique Peña Nieto como presidente de la República con motivo de la conmemoración de la promulgación de la Ley Agraria, un bando criminal abandonó 18 cadáveres en la zona norte de Veracruz, en un área conocida como Casas Fantasmas.
En esa ocasión, los medios de comunicación locales, caja de resonancia de los nacionales, fueron callados. En ese entonces no se sabía; pero iniciaba así lo que ahora es conocido como “el pacto de silencio” (estrategia del gobierno federal encaminada a disminuir la presencia de información sobre violencia en todo el país). La misma contemplaba tanto presión a reporteros (a los que llamaban amenazándolos que aparecerían flotando en el canal de la Zamorana) como a funcionarios incómodos para que fueran “prudentes”.
La salida de Arturo Herrera Cantillo y el silencio que predomina en la prensa sólo puede entenderse en ese contexto.
Editorial
11 comentarios en «El gobierno de Duarte intentó “borrar” los muertos de Tres Valles y no dar la cara a las familias, según testimonios»