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CASO SEGURO POPULAR
Ciudad de México. (Reforma).- Este domingo se da a conocer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) logró reabrir una investigación por desvíos de recursos federales del Seguro Popular en el Gobierno de Fidel Herrera (2004-2010), pesquisa que la PGR indebidamente turnó a la Fiscalía de Veracruz, y que fue archivada en tiempos de Javier Duarte (2010-2016).
Y es que se destaca que el Segundo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México concedió en última instancia el amparo a la ASF, para que la Fiscalía de Veracruz revoque el carpetazo que dictó la propia FGE el 3 de junio de 2015 en la averiguación previa I.M.FESP/041/2015/III-02.
Acto seguido, deberá devolver esa investigación a la ahora Fiscalía General de la República (FGR), para que continúe con el trámite de esta indagatoria que hace un lustro estaba registrada en la dependencia federal con el número PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-VI/379/2014.
Esta investigación es una de las 13 averiguaciones previas que en conjunto suman desvíos por 4 mil millones de pesos, denunciados por la ASF, iniciadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y luego turnadas a la Fiscalía de Veracruz, que las archivó en cuestión de minutos, el mismo día en que las recibió.
En esta indagatoria, la ASF denunció un desvío de recursos transferidos por la Federación al estado de Veracruz, por concepto de cuota social y aportación social solidaria del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro popular) durante el sexenio de Herrera Beltrán.
La sentencia del colegiado precisa que las irregularidades fueron detectadas por la ASF al fiscalizar la Cuenta Pública del año 2009, en la auditoría 684 de tipo Financiera y de Cumplimiento.
La ASF destaca que la excepción al cumplimiento de la norma fue en los rendimientos financieros generados por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), entonces a cargo de Javier Duarte de Ochoa, y no ministrados al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado, por $26 millones 207 mil pesos.
También, en los pagos por concepto de medidas de fin de año a personal regularizado por $55 millones 49 mil 600 pesos, y la adquisición de medicamentos no incluidos en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud, por $12 millones 992 mil 200 pesos.
El órgano fiscalizador recurrió al amparo en contra de las declaratorias de incompetencia de la PGR y la falta de notificación en la que incurrió cuando tomó esa decisión, así como contra el no ejercicio de la acción penal.
Es hasta ahora que ha ganado el pleito jurídico en una de las 13 indagatorias, con un argumento sencillo: acreditó que los recursos desviados son federales y, por tanto, el asunto es competencia ahora de la FGR.
En su momento, la Visitaduría General de la PGR inició una investigación contra los dos agentes del Ministerio Público que declinaron la competencia en favor de las autoridades veracruzanas, que optaron por no investigar las denuncias que en su mayoría apuntaban a la Administración de Javier Duarte de Ochoa.
Esta investigación se debió turnar a la entonces Procuraduría General de la República, pero por razones obvias dos agentes del ministerio público, declinaron competencia en favor de la Fiscalía de Veracruz, en donde dieron carpetazo a la investigación de los desvíos de esos recursos.
Editorial
