Por Andrés Timoteo/Texto Irreverente
ANTORCHOS A LA PICOTA
Después del encarcelamiento del vetusto dirigente del Movimiento de los 400 Pueblos, Cesar del Ángel Fuentes, detenido el 17 de enero y llevado al reclusorio de Pacho Viejo –aunque actualmente se encuentra internado en el hospital “Rafael Lucio” en Jalapa, una argucia legal para evadir la prisión-, que menguó la belicosidad de esa organización ligada al Partido Revolucionario Institucional, queda pendiente combatir otro grupúsculo cuasi-delictivo llamado Antorcha Campesina, también ligada al tricolor.
Una tercera agrupación del mismo talante, el Frente Cardenista que lidera el cordobés Antonio Luna también ya está minimizada tras perder el registro como partido político local en las elecciones del 2016 y dejar de recibir dinero del gobierno estatal en el último año. Esas tres organizaciones fueron marionetas de la fidelidad en los últimos doce años y claro, satélites del priismo. Las tres operaban del mismo modo: con dirigentes millonarios a que explotan la necesidad de sus seguidores, y beneficiándose indebidamente de recursos públicos a cambio de servir como grupos de choque al servicio de los gobernantes en turno.
Cualquiera de esas tres agrupaciones ocupaba las plazas públicas, principalmente en Jalapa, para impedir que a las mismas llegaran organizaciones populares legítimas para protestar contra el innombrable o contra Duarte de Ochoa. Los Antorchos, los “400 Cueros” y los Cardenistas siempre estaban listos para arremeter contra maestros, campesinos, pensionados, estudiantes y todo aquel que quisiera alzar la voz contra el gobierno priísta.
Hoy, al parecer el juego está por terminarse para esos pillos y la justicia estatal va por ellos. En días pasados, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó la primera denuncia por el daño patrimonial a la cuenta pública 2016 y la misma está dirigida contra los extitulares de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) por el desvío de 7 mil 784 millones de pesos, según costa en el expediente FP-018/2016/021, parte del cual habría sido entregado a Antorcha Campesina.
¿Todo ese dinero fue a parar a las cuentas bancarias de Samuel Aguirre y Minerva Salcedo, o el botín se lo repartieron con otros saqueadores?, ¿si tan solo en el 2016 se embolsaron 7 mil millones, cuánto se habrán robado en todo el sexenio de Duarte?, y ¿cuánto se robaron con el innombrable? Eso es lo que se tiene que aclarar ante los tribunales. El tiempo corre en contra de Los Antorchos que ahora si deberán rendir cuentas.
Y en el caso de que quieran desquiciar las vialidades como chantaje para no ser procesados judicialmente, Samuel Aguirre y Minerva Salcedo Vaca deben verse en el espejo de la lideresa priista Topacio Citlali Hernandez, quien organizó un bloqueo carretero a la altura de la SEV en Jalapa el 12 de diciembre del 2016, desde entonces está detenida y en días pasados recibió una sentencia de 4 años de prisión.
Al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares hay que reconocerle la decisión de poner un alto a los seudo-líderes que usan la necesidad de la gente para su beneficio personal y cuyas organizaciones sirvieron a los gobiernos priístas para cometer ilícitos, perseguir a enemigos políticos, agredir a los verdaderos activistas y por supuesto, fastidiar a todos los veracruzanos con sus marchas y bloqueos. A Los Antorchos está por acabárseles la fiesta.
Envoyé depuis Paris, France.
Editorial
