Por Maryjose Gamboa/Al aire…
Se queda en la cárcel…
Aproximadamente a las nueve de la noche del día de ayer, y después de casi diez horas de audiencia, el Juez de Control Gerardo Moreno García determinó un año de prisión preventiva para el ex “gobernador” Javier Duarte, por el presunto delito de Delincuencia Organizada… Con esto se desvanecen no sólo los rumores que desde varios días el propio Duarte mandaba a filtrar a través de los que por años fueron sus aliados, también la esperanza de muchos de sus presuntos cómplices, de “librarla”.
El preso más “famoso” del Reclusorio Norte y probablemente el más detestado del país, se queda en prisión por lo pronto un año más en lo que se le dicta sentencia. Consultado al respecto, el Abogado José Kuri Pazos, experto en materia penal, explica lo siguiente: “El auto de vinculación a proceso (auto de formal prisión en el sistema tradicional) dictado a Duarte de Ochoa fue por los delitos que contempla la Ley Federal de Delincuencia Organizada conforme al artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación al artículo 19 de la constitución, la cual considera este como uno de los delitos graves que ameritan prisión preventiva como medida cautelar… Medida que puede extenderse hasta por dos años, aunque su defensa desde luego buscará impugnarla mediante recursos ordinarios como la apelación o el juicio de amparo indirecto”.
Esto significa que por un lado la Procuraduría General de la República tiene un año para que se le dicte sentencia o para solicitar que se amplíe dicha medida cautelar por un año más (artículos 18, 19 y 20 de la Constitución Federal), así como para aportar las pruebas que considere necesarias para que ya en la etapa del juicio, otro Juez, un Juez de Juicio, será quien dicte dicha sentencia de acuerdo a los delitos que se logren acreditar.
Por lo pronto, y para que en esta audiencia el Juez de Control dictara la prisión preventiva por los presuntos delitos de Delincuencia Organizada y Lavado de Dinero, la PGR aportó 82 pruebas en contra del ex “mandatario”, entre las que se encuentran; Documentos, testimoniales, y peritajes de las grabaciones que forman parte de la investigación, sobre la presunta red financiera a través de la cual Javier Duarte habría desviado 1 MIL 670 MILLONES DE PESOS durante su “administración”, a través de por los menos cinco dependencias estatales. También este día se confirmó que la PGR aceptó que el hoy el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, testifique en contra de Javier Duarte y aporte las pruebas necesarias (las mismas que orillaron a la PGR a iniciar una investigación, dicho sea de paso y aunque le duela a muchos reconocerlo) para que este reciba una sentencia acorde a la gravedad de los delitos presuntamente cometidos.
Por su parte, la defensa de Javier Duarte, encabezada por el Abogado Marco Antonio del Toro, durante este mismo lapso de tiempo -un año que puede ser ampliado a dos para dictar sentencia- buscará agotar los recursos legales en contra de dicho auto de vinculación a proceso. Dicho Abogado, cabe señalar, hasta hace apenas un par de días, calificaba como “patéticas” y “carentes de sustento” las acusaciones en contra de su defendido, ya que según él “no existía prueba alguna que fue él quien ORDENÓ DICHOS DESVÍOS”, argumentos sobre los cuales, al término de la audiencia del día de ayer, se negó a dar declaración alguna.
El problema claro, es que al quedar acreditado que efectivamente se desviaron -por lo menos habría que agregarle- 1 MIL 670 MILLONES DE PESOS, y al insistir la defensa de Javier Duarte previo a la audiencia que no fue él quien dio la orden, pues tendrán sus Abogados que señalar y comprobar quienes, según ellos, SÍ lo hicieron, y desde luego comprobarlo.
Por lo pronto el día de ayer salieron a relucir durante dicha audiencia, los nombres de Karime Macías, Juan Manuel del Castillo y Tarek Abdalá (los dos últimos actualmente diputados uno local y el otro federal del PRI), Mauricio Audirac, y Moisés Mansur Cysneiros, quien de manera “oficial” no ocupó caro alguno durante el sexenio maldito, pero quien fue relacionado como uno de sus presuntos presta nombres, sobre todo después que se diera a conocer que en un testamento nombró a Javier Duarte como su “heredero”.
Hasta el momento ha trascendido que son más de una veintena de ex funcionarios y por lo menos tres “empresarios”, los presuntamente relacionados con la red financiera a través de la cual se cometieron estos desvíos. Dos de ellos, el ex Secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez y la ex Coordinadora de Comunicación Social María Georgina Dominguez Colío, vinculados ya a proceso y recluidos en el penal de Pacho Viejo.
¿Cuántos más caerán junto con Javier Duarte? No lo sabemos, pero el argumento de la defensa “no fue él quien ordenó el desvío de recursos públicos”, repetido en varias ocasiones durante la audiencia de vinculación efectuada el día de ayer, advierte que Javier “N” no piensa caer sólo, y que probablemente cuente con los documentos que logren acreditar la presunta participación de varios de sus más cercanos en este delito, y al estar el proceso en manos de la PGR, pues seguramente serán los “altos mandos” de su propio partido los que decidan la suerte de dichos ex funcionarios… De entrada hay un dato que no se puede perder vista, que el proceso de desafuero de Tarek Abadalá para que este no enfrente a la justicia, fue detenido por los propios diputados federales del PRI, mientras que el proceso de desafuero de Alberto Silva al parecer camina sin mayor dificultad.
¿A quiénes decidirá el priismo nacional “salvar” y a quienes no? Ya lo veremos, pero lo cierto es que el costo político para el ya de por sí desmembrado partido político será elevadísimo si optan por unos u otros, mientras que para el priismo local el panorama es idéntico, ya que dos de los ex funcionarios del primer círculo de poder Javier Duarte, Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez, tendrían que ser desaforados en el congreso local, cuyo primer filtro para el mismo es la Comisión de Gobernación conformada por el diputado del PRI Emiliano López Cruz, del PRD Jose Kirsh, y del PAN una servidora, y el segundo filtro, el que finalmente decide, es la Comisión Instructora, conformada por un Diputado del PRI y dos de Morena, por lo que usted me dirá si no resulta cada día más “interesante” -por llamarlo de algún modo-, el culebrón en el que se ha convertido la búsqueda de justicia en este país.
Y hablando de….
Los Colectivos conformados por los familiares de las víctimas de desaparición forzada o perpetrada por terceros durante el sexenio maldito, lanzaron a través de la plataforma Change.org, una solicitud para que todas y todos los veracruzanos exijamos que Javier Duarte sea también juzgado por este delito… En un par de día, dicha solicitud impulsada por la señora Aracely Salcedo, ha logrado miles de firmas, pero se espera que muchos más se sumen durante los próximos días.
“Ni simulación, ni perdón, ni olvido” gritan los Colectivos, y segura estoy que en millones de veracruzanas y veracruzanos este grito de dolor encontrará eco.
Editorial
