Posible desafuero del gobernador de Veracruz.
Por Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
En las oficinas donde se toman las decisiones de verdad sobre lo que se hace en el gobierno y en el PRI, se tienen muy presentes las palabras que a varios de sus inquilinos ha dicho Miguel Ángel Yunes, cuando le preguntan por qué quiere ser un gobernador de Veracruz de dos años, por el ajuste que se hizo para empatar con la presidencial en 2018. Para meter a la cárcel a Javier Duarte, responde, sólo necesito cuatro meses.
Yunes, muy probable candidato del PAN, confiado en ganar la elección en Veracruz el próximo año, tiene dictada la sentencia de muerte política y legal contra Duarte, quien durante cinco años heredó el conflicto de su antecesor Fidel Herrera y Yunes y lo profundizó. La violencia en el estado, la enorme deuda estatal y la sospecha de corrupción, revivió la discusión estos días respecto a si se le desafuera y procesa.
La definición sobre el futuro inmediato de Duarte está directamente vinculada al proceso electoral de 2016, cuando 12 gubernaturas se pondrán en juego. Nueve de ellas las gobierna el PRI y Veracruz es la más importante por cuanto a padrón electoral. Veracruz tiene 6.6 por ciento del electorado, igual que Jalisco, y sólo detrás del Estado de México y el Distrito Federal. La idea generalizada en el gobierno y el PRI es que en las condiciones actuales, Veracruz caerá en manos del PAN, con lo cual dejaría al partido en una situación de vulnerabilidad y riesgo rumbo a las elecciones presidenciales en 2018. De ganar el PAN y si Duarte es procesado, la percepción de impunidad que empapa al priismo del presidente Enrique Peña Nieto tendría otro ejemplo.
En las elecciones de 2010 Duarte le ganó a Yunes por 79 mil 472 votos, en condiciones políticas distintas, respaldado con la operación política de Herrera y el voto distractor de la izquierda que les arrebató 401 mil 839 votos. Yunes asegura que en esta ocasión la izquierda no irá por su lado, sino en alianza con él. De perder Veracruz, el presidente y el líder del partido, Manlio Fabio Beltrones, tendrían que garantizar las victorias en el Estado de México y Jalisco –otro estado con focos rojos en 2017–, y quitarle Puebla al PAN el próximo año, si quieren llegar en condiciones de competencia a las elecciones presidenciales en 2018. Si esos números no se dan, su derrota en 2018 estaría perfilada.
En este contexto, Duarte se ha convertido en un lastre, no sólo para Veracruz o para el PRI, sino para el presidente mismo, que en el estado político –la creciente desaprobación a su gestión impulsada por la sospecha de corrupción en su gobierno– en que se encuentra, junto con el bajo rendimiento –que se acentuará en 2016 dadas las condiciones globales–, y el malestar social que no encuentra paz, sólo podría dormir con relativa tranquilidad en su séptimo año de gobierno si un presidente priista le cuida las espaldas.
La idea de proceder contra Duarte ha estado circulando desde hace varias semanas, pero el ambiente negativo contra él en el gobierno tiene meses, por el manejo de las finanzas públicas. El gobernador reconoce que la deuda estatal asciende a 44 mil millones de pesos, aprobada por el Congreso. Sin embargo, funcionarios de Hacienda aseguran que el número negro es más de 80 mil millones. Incluso, agregan, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dice que Veracruz es el único caso donde se puede afirmar que el estado está quebrado.
No es lo único. La forma como reaccionó tras el asesinato en la ciudad de México en agosto del fotoperiodista, Rubén Espinosa, aglutinó a sus críticos en su contra, mientras que la frivolidad como respondió al fenómeno de los candidatos independientes –“creando muchos independientes”, como a su exsecretario de Gobierno, Gerardo Buganza–, y la negativa al cambio porque siente que las cosas van bien en su gobierno, sólo han fortalecido los argumentos que para salvar a Veracruz, al PRI y al presidente, necesitan deshacerse de Duarte.
El gobernador trae cruzados a todos aquellos que toman las decisiones, empezando por Peña Nieto. No pasó desapercibido entre los observadores que cuando terminó su discurso del Tercer Informe de Gobierno el 2 de septiembre y saludó a los gobernadores, el presidente frenó la intención de Duarte de darle un abrazo, como en años anteriores, y le mantuvo fijo el brazo para que no se acercara. A los que estaban junto a él, los trató con calidez. El lastre se venía arrastrando.
Dirigentes del PRI comenzaron a hacerle vacíos, mientras Duarte, que estuvo lejos del partido durante su gobierno, ha buscado llevar a la dirigencia –sin éxito– para que le den legitimidad. En el gobierno y el PRI ya están en el análisis del desafuero y el proceso legal.
No se ha llegado aún a una decisión, pero el tiempo obliga a que, la que sea, se tome rápidamente. La caída de Duarte, sin embargo, no sería el único respiradero electoral para el PRI y el presidente. Ni siquiera se sabe si, aun sin Duarte, el daño que hizo en Veracruz podría ser reparado para las elecciones del próximo año. Lo que sí tienen claro es que si las cosas se recompusieran en Veracruz, no todo el panorama mejoraría. Aguascalientes, Chihuahua y Durango, los otros grandes focos rojos para 2016, serán analizados más adelante.
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